Fuerza militar y policía diezmadas, rebasadas por una delincuencia imparable. Homicidios y desapariciones forzadas de personas, prende focos rojos en una sociedad desprotegida.
Octubre 28 de 2024
Por todo el Estado se ha extendido la ola criminal que deja por donde pasa una huella dantesca de cuerpos impactados por las balas asesinas de los grupos criminales en guerra. Bloqueos carreteros e incendios de vehículos por el centro norte del estado y Mazatlán bajo lluvia de balas por la noche de ayer.
El gobierno, no sabe cuándo habrá de parar esta ola criminal. Las autoridades andan hechas bolas y colisionan entre sí. La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía estatal se agarran de la greña porque tratan de zafarse de sus obligaciones. Quizá por miedo en incumplir posibles pactos.
Las víctimas son abandonadas por las diferencias entre autoridades. La violencia incontrolable los tiene al borde de la histeria y no hayan como hacerle para evitar esa guerra criminal. El eco de la traición y del homicidio los tiene temerosos, porque saben que hasta que no caigan los culpables puede aminorar esa violencia endemoniada.
La estadística criminal oculta cifras, porque delatan al gobierno de incapaz y mentiroso. Los medios de comunicación controlados por el gobierno no informan la verdad de lo que ocurre en Culiacán y en Sinaloa. Ocultan información porque así lo tiene instruido quien les paga, pero el gobierno también bloquea a quienes nos atrevemos a decir lo que pasa.
Mientras la guerra entre los grupos se disputa la dirección del cártel del Pacífico, en la Fiscalía estatal tiemblan ante el temor de ser aprehendidos por la Fiscalía General de la República. Lo saben muy bien, que cometieron bastantes omisiones en el homicidio del Mtro. Héctor Melesio Cuén Ojeda.
No, no serían chivos expiatorios. La probidad y la lealtad en su misión de investigar no puede ni debe ser manchada por órdenes que atenten contra la legalidad de sus actos. Borrar o desaparecer evidencias u omitir datos esenciales en la investigación para evitar que el crimen se esclarezca es un delito, y agravado además si se hace con la finalidad de encubrir a los probables responsables.
La extitular de la fiscalía estatal y otros subordinados, en la fecha de los hechos, podrían estar relacionados con las conocidas inconsistencias que denunció la Fiscalía de la República, en las que supuestamente incurrió la fiscalía estatal en la investigación del homicidio del Mtro. Cuén Ojeda.
No debería de alarmarse el personal que pudo haber incurrido en omisiones por ordenes superiores. Pueden tener a su favor alguna excluyente de delito si se actuó por mandato superior jerárquico.
El inconveniente sería que la fiscalía estatal, al ser un órgano autónomo constitucional, que no depende de ninguna de las áreas de poder del ejecutivo estatal, quedaría fuera de la aplicación de alguna excluyente de delito, a menos que lo hayan hecho por órdenes de la titular del ministerio público estatal o algún otro superior jerárquico de la institución, aunque eso sería parte del proceso penal.
La Fiscalía de la Nación, debe tener información que ya se sabe, declaraciones y videograbaciones de las semaneras y entrevistas noticiosas. Suficiente información de que el Mtro. Héctor Melesio Cuén Ojeda fue objeto de un hostigamiento y una persecución política belicosa.
Su separación injusta como Secretario de Salud, el retiro de la protección policial poco antes de su muerte, la clausura de un restaurante de su propiedad, el GPS puesto mañosamente en su unidad motriz para rastrear su ubicación, expresiones ofensivas como que sacarían de la UAS a los Cuén, los Madueña y los Corrales por considerarlos enemigos políticos del estado, orden de aprehensión contra su hijo, y otros muchos.
El desafío continua, la Fiscalía General de la República, deberá aclarar qué ocurrió con el escándalo mediático con la supuesta negativa de un Juez de Distrito, para librar las ordenes de aprehensión solicitadas en contra de los responsables de los hechos que se investigan con la traición y el homicidio del pasado veinticinco de julio. La sociedad sigue con atención que el crimen del Mtro. Cuén Ojeda no quede impune. Justicia es lo que se exige.
Mientras el Estado está arrodillado ante la ola criminal que lo tiene atado, el gobierno descarga su odio con nuevos procesos penales en contra de los directivos universitarios uaseños. Se caen los autos de vinculación a proceso, y la fábrica de delitos en que convirtieron a la Fiscalía estatal. La defensa de la autonomía universitaria seguirá hasta las últimas consecuencias.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
