Un asunto de la auditoría superior del estado y de la secretaría de transparencia del gobierno del estado, se ha guardado en silencio y solapando actos de corrupción.
Miércoles, 2 de febrero de 2022.
El llamado de atención se ha dado de diversas maneras para que esas instancias del estado se apeguen a sus funciones y determinen que la propiedad del terreno y el edificio en el que opera la unidad de servicios estatales fue adquirido de manera lícita y la explicación del por qué se ha callado por tantos años la identidad del propietario y que se aclare ese hecho de manera pública y concluyente.
Los pagos millonarios que se han hecho son cuantiosos y es un asunto del que los medios de comunicación se han ocupado en diversas ocasiones. algunos gobernadores han aceptado que se ha pagado por el uso de dicho edificio, otros han respondido con ambigüedades, pero han evadido decir a quién se le ha pagado y qué cantidades se han entregado por ese motivo.
También señalé, que en una reunión de preparación del proceso electoral para renovar la dirigencia sindical de la sección 53 del SNTE, el Profesor Daniel Amador había confirmado que el terreno y el edifico donde opera la USE, era propiedad de dicha sección.
Ante esa afirmación, ya difundida, el silencio permanece. La ASE y la secretaria de transparencia estatal continúan calladas. Sería conveniente que el registro público de la propiedad informara a nombre de quien se encuentra dicho inmueble, como se adquirió, fecha de adquisición y en qué condiciones.
Si se quiere llegar al fondo de esta polémica, es muy buen momento para que esta administración gubernamental, partiendo de un principio político de saneamiento cabal, aclare la duda social de quien se ha estado beneficiando con la mencionada obra millonaria.
En el inmueble de la USE, están en juego recursos públicos millonarios. Se presume que se destinaron para favorecer intereses particulares y también de grupos políticos que ejercieron poder gubernamental en el pasado.
Al parecer, el Gobernador es consciente de que la adquisición del terreno y el edificio donde opera la USE, es un foco de corrupción de proporciones gigantescas.
Pagar por la ocupación sin existir un contrato que lo obligue, se estaría cometiendo una falta administrativa grave y un desvío de recursos públicos que podrían sancionarse penalmente.
¿Lo interesante del tema, es que ha habido pagos ¿sin contrato? ¿Cómo se ha justificado ese gasto millonario? ¿Las áreas de transparencia estatal y la ASE no han tenido ojos para ver los graves desvíos de recursos del presupuesto estatal?
Un abuso claro del poder político en el gobierno cuya finalidad fue beneficiarse de manera directa de bienes públicos a gran escala y en un momento en que la paraestatal desarrollo urbano tres ríos respondía a fuertes intereses políticos y utilizados para apropiarse de esos bienes del estado.
¿Podrá el Congreso del Estado interesarse en formar una Comisión de Diputados y llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar los orígenes de la adquisición del terreno y la construcción del edifico donde opera la USE?
La secretaría de transparencia y la ASE no han tenido el interés de llevar a cabo esa investigación. Son muchos años de solaparse el problema. El Congreso tiene esa facultad implícita en el artículo 43 de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa, es cuestión de que lo analice convenientemente.
El Gobernador Rocha Moya, enfrentaría un problema de dimensiones considerables con grupos de poder político en el estado cuyo control protagónico e indiscutible perduró por varias décadas.
¿Usted qué opina?
