Fue entrega y no extradición, dijo el Secretario de Seguridad Federal. La Presidenta no intervino en la decisión tomada.
Marzo 3 de 2025.
Los derechos de los imputados fueron desconocidos por asuntos de seguridad nacional ¿Es la forma que en el futuro se resolverán las entregas de delincuentes mexicanos para que sean juzgados en el extranjero?
¿La Constitución Federal deja de ser observada por las autoridades mexicanas cuando surgen presiones políticas que pueden acarrear perjuicios a la economía mexicana o porque otras autoridades extranjeras manifiesten que se protege a delincuentes para resolver esas entregas ilegales?
No, Secretario García Harfuch, usted es hombre inteligente y de inteligencia, no le eche la culpa a los jueces de que por ahí había la sospecha de que los deportados podían haber sido dejados en libertad. El desmantelamiento del Poder Judicial Federal es una obra bien planeada y no fue para garantizar el derecho a la justicia sino para que la justicia deje de ser una realidad en México para convertirla en un circo donde la mayoría de los jueces favorecerán a sus votantes.
Si el motivo para entregar a 29 mexicanos al gobierno de los Estados Unidos fue por un asunto de seguridad nacional, que mal mensaje nos manda a los mexicanos de que en nuestro País no hay capacidad para juzgar a delincuentes que son un peligro para nuestra soberanía y nuestro sistema jurídico constitucional.
Por ahora, la Ministra Norma Piña, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, ya le respondió a esa falta de seriedad y respeto a las instituciones de nuestro sistema constitucional. Usted no fundó ni motivo su afirmación de que hubiese jueces prestos a dejar en libertad a los deportados y no extraditados, por algún juez deshonesto, pero no lo hizo, y eso fue precisamente lo que le cuestionó la Presidenta de la Suprema Corte.
Usted manifestó que la determinación de entregar a las autoridades norteamericanas a los 29 procesados mexicanos, no había intervenido la Presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, usted debería saber que las determinaciones que se tomen por razones de seguridad nacional es una facultad del Ejecutivo Federal como lo dispone el artículo 89, fracción VI de la Constitución Federal, que dice: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
De manera que si la Presidenta no tomó ese atrevimiento, mucho más grave que ustedes hayan sido quienes sin estar facultados tomaran esa decisión que violaba flagrantemente derechos de mexicanos aunque hayan estado sujetos a proceso por delitos diversos en suelo mexicano.
El Fiscal General de la República mencionó que la entrega fue hecha en apego a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 89 de la Constitución Federal y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocida como Convención de Palermo.
¿No, señor Fiscal, no era suficiente que se procediera en los términos mencionados por usted, porqué fue una determinación a todas luces ilegal, ya que los procesados, ahora entregados, contaban con suspensiones que les impedían ser llevados con autoridades de otros Países, estaban ejerciendo su derecho a defenderse, o no tenían ese derecho?
Cuidado con este precedente, bastará ahora que el gobierno norteamericano truene los dedos para que el gobierno de México proceda a entregar a cuanto procesado se encuentre en las cárceles mexicanas ¿Lo cierto es que ya se consumó el hecho, ahora quien abrirá alguna investigación sobre esos hechos si el propio Fiscal General intervino en esa determinación?
¿Usted qué opina?
