Poco más de seis años han transcurrido desde que se iniciaron los cambios en el discurso oficial para introducir la participación ciudadana en el combate a la corrupción. El gobierno no podía castigarse a sí mismo.

Martes 7 de septiembre  de 2021.

Se reforma la constitución federal y se expide la ley general que fija las bases para que el destierro de la corrupción gubernamental fuera real y efectiva. Sin embargo, ese discurso que alentó a muchos y la reforma que se realizó, ha borrado toda esperanza de hacerla realidad.

Muchos años, y los deseos institucionales de transparentar el ejercicio gubernamental sigue enfrentando obstáculos que no le permiten avanzar. La sociedad espera con ansias que el servicio púbico sea utilizado con fines de beneficio social y no para beneficiar los bolsillos del funcionario gubernamental.

El sistema nacional anticorrupción y el de las entidades federativas todavía continúa sin justificar su existencia legal.  En las instituciones del gobierno sigue rugiendo el motor de la corrupción. Seguramente dichos sistemas los desconocen o solapan para que los mismos sigan cometiéndose.

Por citar algunos hechos, el gasto que realizan las secretarías de la defensa nacional y de marina, por ejemplo, no queda al escrutinio de la auditoría superior de la federación ni del sistema nacional anticorrupción. Los presupuestos de dichas dependencias son aprobados por el congreso federal, y así como se aprueba, debería ser conocido en que se aplica el gasto autorizado en un País que no tiene el aval mayoritario popular de distinguirse por su honestidad.

Las adquisiciones en materia de seguridad nacional y seguridad pública están sustentadas en una discrecionalidad aberrante. Las compras de grandes volúmenes de equipo, armamento, uniformes y otros, no se apegan a convocatorias públicas para que la sociedad se entere y conozca como se aplica el gasto de sus impuestos.

¿Qué el sistema anticorrupción no se creo para tales fines? ¿Que no se constituyó un comité nacional y similares en los estados para que el gasto público se hiciera de manera transparente y honesto? ¿fue una postura mediática, como muchas otras, como parte de un gobierno que se resiste a desterrar la corrupción como forma de seguir construyendo patrimonios particulares con los recursos públicos?

Las auditorias superiores creadas en la federación y en los estados, para que el gasto gubernamental fuera vigilado con mayor eficacia, se han convertido en un frente de conflicto dentro de los congresos federal y locales. ¿Los señores diputados se lamentan con la creación de esas auditorías porque les dificulta negociar soluciones políticas al amparo de tolerar la corrupción?

El sistema nacional y estatal anticorrupción a los señores legisladores, no les representa ninguna dificultad, porque su creación solo fue una postura política en un momento que quedaban al descubierto terribles actos de corrupción. Estafa maestra, enriquecimientos explicables de algunos gobernadores y exgobernadores, y coludidos con el narco.

La experiencia que se vive con las auditorías superiores les ha provocado tantos malestares gastrointestinales a los señores que legislan, que les seca e irrita sus gargantas por las angustias que les causa proteger delincuentes con los aberrantes acuerdos políticos que celebran.

Seguramente es la causa de haber creado un sistema nacional y estatal anticorrupción discapacitado. No cuenta con las atribuciones para que el combate contra la corrupción sea realidad en México y en Sinaloa. Reformas legales que han sido un fraude a la confianza ciudadana.

Un tema que el Gobernador electo seguro ya lo registró para formar parte de su próxima agenda de gobierno.

¿Usted qué opina?