La semana inicia con asuntos que deben preocupar porque la pandemia no cede y las autoridades no tienen la autoridad suficiente para que la población observe con disciplina y responsabilidad las medidas sanitarias, para detenerla.

Lunes 5 de julio de 2021.

La inseguridad sigue recorriendo la superficie nacional con toda impunidad y el gobierno impasible sin hacer lo suficiente para reconsiderar seriamente la restructuración de las instituciones de seguridad y restituir el mando civil.

Es interesante de igual forma analizar como ya lo hacen algunas voces del periodismo los diversos perfiles de posibles funcionarios que podrán asumir un cargo en la administración del Maestro Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, un tema que debe ser motivo de opinión, y ponerla a su consideración, es la actuación del sindicato de trabajadores al servicio del estado. Una organización surgida para el mejoramiento y la defensa de los derechos de los trabajadores. No es diferente a las demás. Su compromiso es revisar y mejorar continuamente las condiciones en la que prestan el servicio sus afiliados y demás operarios al servicio del gobierno del estado, que no sean de confianza.

La referida organización sindical, no es desconocido, ha sido permisiva en sus relaciones con el patrón. Ha faltado determinación de fondo para establecer un orden en el ingreso y permanencia de los trabajadores al servicio del gobierno del estado.

No es aquí el espacio para hacer un panegírico de la evolución que hemos visto de esa organización sindical. Expongo la inquietud de muchos trabajadores que teniendo derecho a ser pensionados no reciben el reconocimiento por el IPES y lo tienen que hacer efectivo demandando ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

El sindicato, está obligado a informar a sus afiliados porque el IPES no ha obtenido su solvencia financiera. Tiene más de diez años de operatividad. Hay incertidumbre todavía en los trabajadores y un enojo generalizado por no tener información de lo ocurrido con las cuotas retenidas en la administración gubernamental que precedió a la que está en funciones. Es dinero de los trabajadores y una obligación del sindicato reclamarlas.

El silencio en ese asunto no abona en nada a la credibilidad sindical. ¿Porque han permanecido callados ante un problema que está a la vista y sin hacer lo suficiente para resolverlo? Está en riesgo el derecho que legítimamente les asiste a los trabajadores. La oportunidad de su pensión. ¿Se tomarán medidas serias para restituir lo que pertenece a
los trabajadores?

En el proceso penal seguido en contra del extesorero estatal, se mencionó del desvío de las mencionadas cuotas, o sea que en lugar de haber sido entregadas al IPES se aplicaron en la solución de otras necesidades del gobierno. ¿El sindicato, en el proceso penal mencionado, no apareció como parte ofendida, por qué?

La organización sindical, tiene otra asignatura pendiente. Hay un número de trabajadores al servicio del gobierno del estado, que sin tener la categoría de confianza o supernumerarios, no se les ha regularizado en su situación laboral. Se les ha negado la afiliación al sindicato. No se les ha basificado. Hay selectividad en la sindicalización y
basificación de las plazas. No reciben los incrementos que anualmente obtiene el sindicato con motivo de la revisión de sus condiciones colectivas de trabajo. La gran mayoría tiene más de veinte años trabajando y la justicia laboral y sindical todavía no se ha fijado en ellos. ¿Se darán tiempo para atender sus demandas?
¿Usted qué opina?