La desaparición forzada cobra carta de naturalización en Sinaloa. En lo que va del año hay un promedio de 100 desapariciones mensuales.

La cifra es para dar temor a cualquiera. No hay seguridad para nadie. Ni en sus casas. En cualquier momento pueden llegar al domicilio privarte de la libertad ante una autoridad ineficiente para prevenir e investigar. La duda es que la desaparición forzada la puede llevar a cabo la propia autoridad o particulares delincuentes.

La familia tiene derecho a ser oída con oportunidad, a conocer la verdad sobre el suceso que afecta a la víctima de un probable delito, a recibir protección y asistencia entre otros derechos que le concede el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que México es parte.

La libertad y la seguridad jurídica son derechos fundamentales que la autoridad está obligada a preservar. El mismo Pacto establece que: “No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”.

La desaparición forzada se caracteriza por la negación de la autoridad a reconocer dicha privación de la libertad, se opone sistemáticamente a proporcionar la información que pueda tener de las causas posibles en la desaparición de una persona, de la suerte que haya corrido o del paradero de la misma.

Ese ha sido el reclamo de las familias de las víctimas para conocer su paradero. Hechos en los que la autoridad puede estar involucrada por acción o por complicidad. Es inadmisible que un estado como el nuestro haya un número tan elevado de victimas por desaparición forzada y las organizaciones colegiadas, empresariales o políticas no se
pronuncien sobre este hecho terriblemente peligroso.

No ha habido por parte del Congreso ningún llamado al Fiscal del Estado para que informe de las acciones implementadas para prevenir la desaparición forzada de personas, el destino de las personas que han sido privadas de su libertad y las detenciones que se hayan realizado.

La administración gubernamental en funciones ha sido cómplice en la degradación de las policías y en procuración de justicia. No ha importado el dolor que causa a las familias que se ven afectadas por la acción delincuencial u oficial en levantones o privaciones de la libertad de un buen número de ciudadanos. Son personas que, en todo caso, tienen derecho a ser oídas y juzgadas por la autoridad competente.

El Gobernador electo, tiene ante sí un gran compromiso con su pueblo. Hay familias numerosas agraviadas por la desaparición de familiares, y las autoridades no han sido capaces de atenderlas con seriedad y respeto.

La detención de los responsables quizá no se logre, cuando menos no en esta administración que se ha distinguido por la ineficiencia y la complicidad. Una procuración de justicia selectiva y que solo actúa por presión de las personas afectadas por el crimen como en el caso Sanalona. Una Fiscalía incapaz y sin autoridad para increpar a los
mandos policiales para llegar a la solución de tan aberrante homicidio. La ciudadanía espera que los detenidos por el hecho no obtengan la libertad por insuficiencia probatoria.

¿Usted qué opina?