Traspasar la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional es militarizar la policía civil federal. Los derechos humanos pasarán a ser historia.
SEPTIEMBRE 19 DE 2024
El respeto a las normas constitucionales y legales no ha sido ni es una práctica de obediencia a nuestro régimen político y jurídico por el gobierno federal. Algunos gobiernos locales, como grupo político dominante siguen la misma tendencia.
La reforma a la constitución federal que resquebraja el equilibrio constitucional con el nombramiento de jueces y magistrados a través del voto popular y no por méritos por carrera judicial. Las simpatías populares y el voto concedido serán la premisa para dictar las sentencias.
Los abrazos y no balazos parece que seguirán adornado este gobierno. Los delincuentes contentos porque no se les molestará en sus actividades criminales. Lo dijo el propio comandante de la tercera región militar, General Leana Ojeda en Culiacán, la paz en Sinaloa solo será posible cuando las facciones en pugna (mayitos y chapitos) se pongan de acuerdo y dejen de pelear.
La reforma judicial no era lo más conveniente ni urgente. La urgencia es reestructurar el sistema de procuración de justicia y el de las policías. La falla estructural para que los delincuentes se aprovechen son las graves omisiones en la detención del delincuente y la forma en que se obtienen los datos de prueba necesarios para probar su responsabilidad criminal. Las pruebas, muchas de ellas se obtienen de manera ilegal.
El voto popular en el nombramiento de jueces y magistrados serán la corona que adornará la inteligencia judicial. Juzgadores a modo y delincuentes aplaudiendo. También, el patrimonio de muchos que sin ser delincuentes podrían perder el patrimonio si su voto no favoreció la posición de quienes juzgarán sus litigios judiciales.
Dejan intocado el sistema que requieren jueces y magistrados. Sanear las actuaciones policiales para consolidad la confianza ciudadana en la persecución del delincuente y el destierro de la criminalidad, pero todo ha sido una total simulación.
Lejos de generar confianza en los actos de gobierno, los descomponen todavía más. Golpean descaradamente el órgano judicial que mucho costó para poderlo consolidar, para dejar de lado la urgencia de profesionalizar el cuerpo policial.
Las tenazas de la pinza las tienen que cerrar. Por un lado, jueces y magistrados electos por voto popular y por otro, la militarización de la policía por decisión presidencial. La Guardia Nacional se transfiere a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Actuar con legalidad no es el compromiso del gobierno federal. Se ha presentado una iniciativa de reforma a la ley orgánica de la administración pública federal y de la ley de la guardia nacional para transferir a la guardia nacional, a la secretaría de la defensa nacional.
El artículo 21 de la carta fundamental del país, es vilmente atropellado, cuando dice que: Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Lo dicho por la presidente electa, nos deja sin palabra a todos.
Las detenciones y la recopilación de pruebas por militares seguirán teniendo inconsistencias, porque no están formados para realizar funciones de policías. Los delincuentes ganarán la calle y seguirán con sus fechorías, no por culpa de los jueces sino de las policías.
Militarizar la guardia nacional es el paso para militarizar las policías en México. Una pretensión de años que no se había podido concreta. Los derechos humanos y del ciudadano era el freno para evitar un perjuicio mayor. El silencio o la indiferencia de los organismos ciudadanos y de los de la defensa de los derechos humanos, es la causa para no poderlo evitar. Que no se lamenten después porque puede ser demasiado tarde.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
