El gobernador se va y deja una deuda pendiente en la justicia laboral en Sinaloa. Tribunales del Trabajo dependiente del Poder que representa, arrumbados y sin presupuesto. ¿merecerá la estrella que le ponen como uno de los mejores mandatarios estatales?
Voluntad en los titulares de los tribunales las hay, lo que no hay son los apoyos de calidad que requieren para que la justicia laboral sea pronta y expedita. Rezagos de expedientes en trámite y por resolver siguen abultándose. Da vergüenza el retroceso que daña los derechos de muchos trabajadores que demandan ser indemnizados o que sean reinstalados en sus trabajos.
El pretexto ideal ha sido la pandemia que azota al País y al Estado para justificar la ineficiencia en el desahogo de la justicia para los trabajadores. No hay motivaciones en las percepciones que perciben quienes laboran en esos lugares. Los sueldos y prestaciones es una grosería. El sindicato burócrata ausente sin que al parecer les importe atender lo que ocurre en esas áreas que deben ser de su responsabilidad.
No señalo corrupción de exigir la dádiva para cumplir con su función. Hay buen trato y disposición para el trabajo, lo tenemos que decir. El problema es que los expedientes no avanzan. Algo ocurre. Quizá la desmotivación de los actuarios, también de los secretarios, el motor que empuja el proceso laboral, puede ser la causa por tan precarias condiciones salariales.
Son jefes de familia, realizan un trabajo profesional, pero hay que pagar transporte urbano, para llegar a los domicilios de las partes en conflicto lejanos y dispersos por la ciudad o del municipio. No hay apoyo vehicular oportuno. La disyuntiva es, o solventa el gasto familiar con lo que gana o lo destina para el transporte que requiere para cumplir. Alternativa peligrosa que repercute negativamente en la eficiencia de la justicia laboral.
Reconocemos la inversión oficial para mejorar las instalaciones de dichos tribunales para dignificarlos cuando menos en su presentación física. No es suficiente esa medida. Para que la justicia opere no requiere solamente espacios físicos dignos, sino también servidores públicos bien pagados y motivados. Los tribunales del trabajo no aportan al presupuesto estatal, solo le quitan. ¿Esa será la razón para que el personal adscrito no sea remunerado debidamente?
Si hubiese voluntad de resolver el problema de la justicia laboral, verifíquenlo, tienen los medios para hacerlo. Encontrarán expedientes en los que llevan años sin resolver y en otros sin siquiera el dictado del auto de inicio para tranquilizar al trabajador. No solo es el trabajador, también el patrón que está ante la incertidumbre de perder el juicio tendrá la obligación de pagar cantidades considerables de dinero por indemnizaciones, salarios y prestaciones.
Los Abogados impacientes en muchos casos recurrimos al amparo, pero aun así las respuestas prontas y efectivas tampoco llegan ante una justicia laboral que se demora cada vez más.
¿Será motivo de reconocimiento a un ejecutivo que solo se ha preocupado por atender la obra pública material, en los que los costos exorbitantes de las edificaciones construidas podrán ser consideradas como necesarias, pero idóneas para corromper el destino del gasto público?
Justicia laboral, seguridad pública y procuración de justicia es y ha sido el talón de Aquiles que no se ha querido atender por un gobierno que se ha empecinado en brillar con encuestas colgadas del presupuesto estatal y que ofende las necesidades ciudadanas de mejor justicia en Sinaloa.
¿Se aproxima la tan esperada vigencia de la reforma laboral en Sinaloa, habrá condiciones para aplicarla?
¿Usted qué opina?
