El tema que ha ocupado demasiados espacios en los medios de cobertura estatal y nacional, han despertado el interés de la comunidad para conocer las intenciones detrás del congreso.
Jueves 2 de marzo de 2023.
Los diputados se aferran a una posición de legalidad en la expedición de la Ley de Educación Superior de Sinaloa, cuando bien lo saben que no cumplieron a cabalidad con el mandato de la Ley General de Educación Federal.
La prevención no atendida fue que no debieron realizar ningún acto legislativo sin que previamente se hubiese escuchado a la comunidad universitaria de manera libre e informada, cuyo procedimiento correría a cargo de las autoridades universitarias.
El legislador federal fue respetuoso de observar lo dispuesto en el artículo 3°, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetar la autonomía de la universidad pública, su gobierno y las atribuciones para formular planes y programas de estudio y administrar libremente su patrimonio. Los legisladores locales no tuvieron el menor recato para constreñirse al cumplimiento de esas disposiciones superiores.
El titular del Ejecutivo Estatal se fue más allá en sus afirmaciones cuando él conoce mejor que muchos las condiciones de superación académica alcanzada por la Universidad Autónoma de Sinaloa en los últimos años. Pero no solo eso, sino el reconocimiento social y de los sectores productivos de la entidad que le han depositado la confianza en el quehacer formativo de los hijos de las familias sinaloenses.
La intención es clara, hay personajes en el gobierno de Rocha Moya que lejos de orientarlo por el camino de la estabilidad política del Estado, lo embarcan en aventuras que pueden ser muy peligrosas para la estabilidad política de la Entidad que gobierna y para la Universidad de la que se quieren apoderar.
Ya dieron según ellos, el primer golpe. Se escuchan los ladridos de la jauría. Movilizaron a sus incondicionales y les ordenaron que rápido llevaran las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fueron tan eficaces que de anunció que recibieron tres iniciativas contra la Casa Rosalina. Ninguna para la Universidad Autónoma de Occidente o para la Universidad Indígena de México. Son tan corrientes que luego enseñaron el diente.
Una nueva historia apenas está por escribirse. Ante esa canallesca determinación del Congreso se dio el primer paso, la defensa legal universitaria. Se tiene que detener esa agresión infame contra la autonomía de la Universidad de Buelna.
El trauma de esos viejos universitarios desterrados de la Universidad no lo han podido superar. Cuando la tuvieron bajo su control no fueron capaces de darle calidad a la enseñanza que la sociedad les exigía porque su interés político era superior a esa exigencia social. Los cambios tendrían que venir y la sacudida que se le dio a la UAS con un nuevo proyecto educativo de superación institucional los tuvo que sacar.
La ambición política de retomar el control uaseño no lo pueden ocultar. Un Waterloo puede estar en puerta para esos antiguos guerrilleros de la nómina, porque sus ideas subversivas no académicas, serán insuficientes para convencer a una comunidad universitaria ofendida y a una sociedad que sabrá responder y manifestar el repudio ante ese embate vil en contra de la Universidad que quieren para sus hijos.
El desafío es peligroso. La siguiente etapa del conflicto que se ha emprendido contra la Universidad Autónoma de Sinaloa, sería lo menos deseable, pero no hay que descartar ningún instrumento de lucha, porque, hasta hoy, han podido más las siniestras orientaciones de los que una vez le hablaron al oído al Gobernador cuando tuvo la rectoría de la Universidad y que ahora como gobierno quieren desestabilizar.
¿Usted qué opina?
