La seguridad pública impone desarrollar programas de participación ciudadana para prevenir el delito, pero también obliga a detener al delincuente que lo comete.

Se agota el plazo para el Gobernador que se va. Debería informar a la sociedad que por cumplir compromisos personales no le importó que Sinaloa se encuentre encumbrado en lugares poco honrosos en inseguridad, delitos y desaparición forzada de personas.

Investigar el delito ha sido una asignatura incumplida por los gobiernos en los últimos años. Ha prevalecido el interés personal de premiar a los amigos, que la obligación de diseñar estrategias que aseguren una paz efectiva y duradera.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública, tiene obligación, no la cumple, de informar puntual y objetivamente a la sociedad, que el delito se comete, no se investiga y que la impunidad ha cobrado carta de naturalización en Sinaloa.

Es indignante que un órgano público que tiene a su cargo la actividad de realizar acciones para prevenir que no se cometa el delito, se haya echado la cola al hombro y dedicado a cobrar el buen sueldo que le paga su parón.

La estadística delictiva en Sinaloa es escandalosa por más que la quieran maquillar los expertos en el manejo de cifras. Son muchos los delitos que se cometen y tampoco se investigan. De manera intermitente nos damos cuenta de que se detiene a un delincuente, pero se pierde con el impresionante rezago que el Ministerio Público tiene en sus
escritorios.

La inexperiencia del Fiscal se ha traducido en inconformidad al interior de la dependencia a su cargo. No hay liderazgo en la investigación criminal. Ha sido muy cuestionado por los Abogados en el ejercicio de la profesión y que tienen que comparecer a las oficinas que a la fecha no las conoce. Sumándose a esa ignorancia, criterios aberrantes que inhiben al ciudadano a denunciar cuando la obligación es ponerse a investigar. Revictimizan al ciudadano afectado por el delito.

La investigación del delito es un compromiso político del titular del Ejecutivo Estatal. Es el responsable que la administración pública funcione. Si un funcionario no responde a la expectativa ciudadana, debe ser reemplazado para dar paso a otros que puedan hacer mejor su trabajo. La eficiencia en el trabajo se mide con resultados. La sociedad reconoce cuando un funcionario es útil y que también sirve. Es la recompensa de todo servidor público puede merecer.

La crítica al servidor público por corrupto o ineficiente, ha sido un reclamo que no se atende. La desconfianza social al gobernante tiene su fundamento. Sus complicidades con delincuentes han quedado en la tinta de muchas notas escritas en los diarios que circulan en la entidad.

Profesionales de la comunicación han sido víctimas de la agresión delincuencial cuyas acciones criminales todavía esperan solución. El periodismo tiene sus riesgos y quien abraza esa profesión, se expone a sufrir los embates de quien es protegido desde la trinchera oficial.

Se sienten tiempos de cambios, se toma nota de lo que hay que mejorar. La ineficiencia y la corrupción se tiene que desterrar. Ha sido inscrito en la agenda del Gobernador electo, que el delito se detendrá y se castigará.

¿Usted qué opina?