Presentan ministros de la SCJN proyectos sobre consultas de Norma Piña


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Se prevé que los proyectos se discutan en el Pleno de la Suprema Corte la próxima semana

SEPTIEMBRE 24, 2024

Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministros de la Suprema Corte, publicaron proyectos respecto a las consultas abiertas por la ministra presidenta, Norma Piña, para que el máximo tribunal del país revise la constitucionalidad de la reforma judicial.

La ministra Esquivel Mossa presentó tres proyectos para desechar los recursos, con el argumento de que la SCJN no cuenta con facultades para “actuar en contra del texto constitucional” o de su procedimiento de reforma.

Por otra parte, el ministro Alcántara Carrancá propuso admitir la consulta planteada por miembros del Poder Judicial de la Federación con el argumento de que la SCJN tiene la capacidad para “velar por la autonomía e independencia” del PJF.

En los últimos días de septiembre, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, abrió consultas para revisar la procedencia de la reforma judicial.

Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa han presentado sus respectivos proyectos en relación con las consultas abiertas por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para revisar la constitucionalidad de la reciente reforma judicial.

En su propuesta, el ministro Alcántara Carrancá sugiere admitir la consulta planteada por un grupo de impartidores de justicia federal. Asegura que la Corte tiene la facultad de “velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial”. Por otro lado, la ministra Esquivel Mossa, a través de tres proyectos, propone desechar los recursos, argumentando que la SCJN no cuenta con facultades para actuar en contra del texto constitucional o su procedimiento de reforma.

La discusión de estos proyectos está programada para los próximos meses, y se espera que, dado su estatus de urgencia, se aborde la próxima semana.

La controversia se originó el 18 de septiembre de 2024, cuando la ministra Piña abrió la consulta para que el Pleno del Tribunal analizara la procedencia de la reforma judicial. Este recurso fue presentado por un grupo de jueces federales que pidieron a la Corte ejercer su facultad de revisar conflictos entre los poderes de la Unión.

El ministro Alcántara Carrancá consideró que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no ofrece la vía adecuada para tramitar la solicitud de los jueces, pero sí identificó que la fracción XVII del mismo artículo sí permite al Pleno “conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte”. Esto indica que el Pleno podría tener la capacidad de abordar el asunto bajo diferentes términos.

En contraste, la ministra Esquivel Mossa considera que, aunque es procedente realizar las consultas, las solicitudes deben ser desechadas por su notoria improcedencia, ya que buscan cuestionar la nueva redacción constitucional. Este enfoque destaca la imposibilidad de la Corte para confrontar el contenido de la Constitución derivado de un proceso de reforma.

Desde el 20 de septiembre de 2024, la ministra Piña también abrió tres nuevas consultas para que el Máximo Tribunal revise la constitucionalidad de diversas acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas solicitudes buscan que la Corte analice la legalidad de las modificaciones realizadas al texto constitucional.

Las consultas son una herramienta que permite al presidente de la SCJN designar a un ministro para que analice asuntos y proponga el procedimiento a seguir. No obstante, estas consultas no son resoluciones definitivas y carecen de plazos establecidos para su desarrollo.

Por el momento, la ministra Lenia Batres ha sido designada para analizar las primeras tres consultas sobre la reforma judicial, aunque los proyectos de estas consultas aún no han sido publicados. La decisión sobre la constitucionalidad de la reforma judicial podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial mexicano y la relación entre los poderes del Estado.


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