La renuncia del Fiscal de Sinaloa era un hecho esperado desde hace tiempo. Llegó por un interés personal del Gobernador saliente. Amistad premiada sabiendo que no era para el cargo.

Miércoles, 20 de octubre de 2021.

Pudo ser la intervención del Congreso del Estado o una vez que arribara el Gobernador electo quien se encarga de solicitar la remoción de su cargo. No cumplir con eficiencia con la investigación de los delitos era una causa, se prefirió una salida decorosa como un aceptable gesto de cortesía política.

El Gobernador no aceptó que no bastaba que el fiscal contara con una buena formación académica o que la juventud y seriedad del muchacho no era suficiente para dirigir la dependencia porque no se trata de una institución educativa, es la dependencia que investiga el crimen y se asumen riesgos en la persecución de los maleantes. El fiscal saliente no contaba con esas características.

No comparto la crítica que la salida del Fiscal trastoca la autonomía de un órgano bajo el argumento de que debió respetarse la conclusión del periodo para el que fue designado. Es un organismo empresarial quien formula la crítica. Que bien que se interesen por el respeto a la legalidad y autonomía de las instituciones, pero también deben pronunciarse que erradicar la impunidad es un imperativo impostergable y que el trabajo realizado en dicha dependencia, en sana crítica, no era el suficiente para abatir ese flagelo.

Lo que hizo el Gobernador electo, fue analizar lo que cada funcionario había venido realizando en el cumplimiento de sus responsabilidades, motivo por el que, si consideró el ineficiente trabajo de la fiscalía, era un deber señalar esa ineptitud y promover la salida del titular. Eso no es violar normas constitucionales que sustentan la vida jurídica de los organismos autónomos. Es procurar la eficiencia en la designación de los responsables para ocupar esos cargos. La propia ley, no otorga inamovilidad a nadie.

En el nombramiento del fiscal, se atendió a la opinión de una cadena de intervinientes, primero la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública para elegir la quinteta, después para que el Gobernador de dicha quinteta, eligiera la terna y el Congreso finalmente nombrar al titular de la institución del ministerio público. ¿A quién se le podrá atribuir la falla?

Desconozco si subsistirá el mismo procedimiento para elegir al Fiscal. He sido un crítico de la forma de su realización. Desde su implementación en 1999, la simulación ha estado a la vista. El Gobernador da los lineamientos para elegir, ya sea al de sus simpatías personales o por compromisos con grupos de poder político. Lo cierto es que miembros de la coordinación general en mis diversas participaciones me comentaron de la instrucción recibida.

La disciplina ha sido nuestra característica, somos fieles a nuestras convicciones. Deseamos lo mejor para el Estado, vivimos en él y nuestras familias también, vale la pena participar y entrar a la selección. Desterrar la impunidad y la corrupción es un imperativo impostergable que la sociedad quiere y exige que se le ponga fin.

Soy de la idea y la he manifestado que debe ser el Congreso quien tenga la atribución de convocar, entrevistar y nombrar al titular de la Fiscalía General del Estado. Que prevalezca la facultad del Ejecutivo para solicitar su separación del Fiscal por alguna causa legal o en su caso que lo haga el Congreso que lo nombró.

Las reglas para la designación del nuevo titular de la Fiscalía General, seguro que muy pronto se darán a conocer. Le deseo lo mejor a cada participante y que lo haga convencido de que solo uno llegará a ocupar el cargo. Lo dije, no solo es conocimiento de la función y honestidad en el cargo, se requieren de otras muchas cualidades para desempeñar eficientemente la responsabilidad.

¿Usted qué opina?