El soldado como policía será un potencial contribuyente en la libertad de los delincuentes.
Jueves 1 de diciembre de 2022.
En un régimen de derecho el cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley es un imperativo. Todo desvío en el quehacer policial llevará como resultado poner en libertad a los imputados.
Patrullar no es lo mismo que investigar o detener. El soldado cometerá muchos errores y el delincuente preferirá que sus detenciones se lleven a cabo por militares porque tienen un alto porcentaje de que obtendrán la libertad.
El soldado detiene sin importar si lo hace cumpliendo con los requisitos para la flagrancia. Le apuestan a la presión que ejercen con el Ministerio Púbico para que no revise las detenciones y las manden a los jueces con quienes se topan con pared.
Muchos casos, lo hemos dicho, no soportan el control de la detención. Los jueces hacen lo correcto, ordenar la libertad inmediata del detenido. Los reproches surgen de inmediato, y ante sus ilegalidades recurren a la denostación tachándolos de corruptos.
No es tumbando puertas y allanando domicilios como se resolverá el combate al delito y a la impunidad. Por el contrario, serán autores y promotores de la impunidad, porque el delincuente con esa actuación del soldado seguirá disfrutando su libertad.
Tumbar puertas y allanar domicilios es un delito que debería ser castigado. No importa el uniforme que se porte, la legalidad es un imperativo que deberá cumplir la autoridad. La realidad destruye el discurso gubernamental la Constitución es trapeada por el verde olivo en su condición de policía.
Las fallas en las funciones policiales de la milicia son continuas y peligrosas. La violación a la legalidad es su norma. El domicilio debe conservar su inviolabilidad, de no ser así por algún delito que se investigue, recúrrase a las reglas del cateo.
El caso del domicilio allanado violentamente por soldados en un fraccionamiento de Culiacán, como ha sucedido en otros muchos casos, pone de manifiesto que no hay respeto a la legalidad. Atemorizan mujeres y niños y de paso interrogan al Gobernador sobre esos hechos de los que nada tiene que decir.
Los militares actúan solos, la coordinación con las policías les estorba. No porque sean corruptas como ellos dicen sino para que no les estorben en sus ilegalidades. Quien debería declarar sería, en todo caso, el titular de la secretaría estatal de seguridad pública que también es militar.
Las explicaciones exigidas al Gobernador no tienen que darse, porque no es la autoridad que deba responder a las ilegalidades militares, que sea en todo caso el mando militar el que responda y sancione a sus muchachitos ¿La Fiscalía General de la República procederá a abrir la carpeta de investigación para castigar esos hechos?
La Corte, se subordinó al Ejecutivo, debió resolver la inconstitucionalidad de la prórroga concedida para que la milicia continuara en las calles. La función policial con uniforme militar, viola, aunque se diga lo contrario, con el artículo 21 de la Constitución Federal. Decepcionante nuestro régimen democrático de gobierno. Mientras el ejército actúa violando derechos, la Corte los legaliza.
¿Usted qué opina?
