Las condiciones generales de la economía nacional no son las propicias para dar solución a las demandas populares.
La economía ha permanecido comprimida por más de un sexenio. El crecimiento económico fue de poco más del cinco por ciento del producto interno bruto. El más bajo de los últimos cuarenta años, lo que produce visos de preocupación en las condiciones de vida de los mexicanos.
Las asociaciones de economistas o las diversas organizaciones que se encargan del estudio de las condiciones del mercado y la inversión, deberían informar sin causar alarma en la población que es lo que les espera a los mexicanos de seguir con ese estancamiento la economía nacional.
La población corre el riesgo de que se polaricen sus condiciones socioeconómicas y tengamos dos tipos de ciudadanos. Los pobres y los ricos. El gobierno se encargaría de alimentar y sostener a los que menos tienen y los ricos procurarían asegurar su capital o llevárselos a oros mercados que les aseguren mayor rentabilidad y seguridad.
Los pobres que dependerían del gobierno serían los que con su voto le asegurarían continuidad y mayor pobreza, con el beneplácito del régimen gubernamental que concentra el poder político.
El subsidio gubernamental se ha impuesto como una práctica para incentivar la flojera y disminuir el rendimiento laboral. Las becas que dan dinero y los comedores comunitarios serán los subsidios existenciales de los mexicanos.
El molino gubernamental sigue machacando los derechos de los mexicanos y las instituciones nacionales. El control político en la conducción del País es lo que interesa al grupo en el poder. Para ir sometiéndose al dominio político morenista, se promovieron reformas peligrosas en la constitución federal. Están modificando la estructura constitucional con la fuerza parlamentaria en el Congreso federal y en los Congresos locales. La oposición política y el empresariado mexicano no han sido capaces de detener ese flagelo nacional.
El color morenista dibuja la justicia en los jueces tomboleros que se elegirán por el voto popular. Un voto manipulado por el gobierno en el poder. Jueces espurios que pondrán en sus manos la solución de tus derechos personales y también los patrimoniales. La impartición de justicia en una tómbola.
Es inadmisible que el Congreso federal resuelva fijar topes a las impugnaciones tratándose de reformas constitucionales. El control político lo quieren ejercer a costa de lo que sea, la legalidad de los actos es lo que menos les ha interesado desde que arribaron al poder político nacional. Todas las irregularidades que pudieran ocurrir en el proceso legislativo no procederían las impugnaciones, y las reformas tendrían plena validez.
El equilibrio constitucional entre poderes se extinguirá como texto constitucional, poniendo fin a doscientos años de constitucionalidad y vida democrática nacional. El gobierno mexicano se transforma para pasar a ser un gobierno fascista, autoritario, antidemocrático y dictatorial.
El incremento desproporcionado al salario mínimo y a prestaciones como las vacaciones y el aguinaldo, que, aunque justas, pueden poner en serios aprietos a la micro y pequeña empresa, obligándolas a cerrar. El desempleo se convertiría en una justificación gubernamental para lograr el control de la voluntad ciudadana, subsidiándolos y alimentándolos. El voto sería la recompensa para perpetuarse en el poder.
Los derechos ciudadanos están en riesgo. Desaparecerán las comisiones de derechos humanos, así como desaparecieron a todos los órganos autónomos constitucionales. Militarizan la seguridad pública, la milicia ya tiene el control de puertos, aeropuertos y ferrocarriles.
La reforma constitucional le suprime al municipio el servicio de seguridad pública y se le transfiere a los estados. El gobierno federal nombrará a los titulares de las instituciones policiales, quitándoles la facultad a los gobernadores estatales. Recientemente, la presidenta Sheinbaum expidió un acuerdo en el que nombra mandos militares en las policías de algunos estados de la república. El poder político y de decisión se centraliza. La tenaza dictatorial nos amenaza.
Sigue la nota recordatoria. Más de tres meses y la Fiscalía General de la República no informa de los avances de las investigaciones del homicidio del Mtro. Héctor Melesio Cuén Ojeda. Se exige certeza en los resultados y que no se solapen complicidades y se encubra a los autores del crimen. No a la impunidad. Justicia y castigo.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
