El pasado mes de noviembre se instaló el Comité de Planeación Para el Desarrollo del Estado de Sinaloa (COPLADESIN) para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa 2022-2027.
El Gobernador Rocha Moya se comprometió a recoger la opinión de los colegios de profesionistas, universidades, sectores productivos y organismos sociales para enriquecer la elaboración de su Plan, mismo que se sustentaría en dos ejes fundamentales, la transformación y el bienestar.
En efecto, los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen la obligación de expedir las reglas bajo las cuales deberá desarrollarse la política económica y social del Estado.
Para dar seguimiento a la evaluación de los diversos programas que formarán parte de los ejes estructurales del Plan Nacional o Estatal que corresponda, se creará un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidad incluso para formular las recomendaciones pertinentes para exigir el cumplimiento de los compromisos gubernamentales establecidos.
Ese organismo público al que se refiere el artículo 26 de la Constitución Federal mexicana, se replica en la del Estado de Sinaloa en el artículo 109 bis. Lo cierto es que existe en la letra constitucional pero los sinaloenses no sabemos que en realidad dicho organismo exista.
El Plan Estatal de Desarrollo, es un documento sexenal que recopila todos los compromisos que el gobierno se compromete a desarrollar para que el estado sea seguro y económica y socialmente con capacidad para que los sinaloenses tengamos los mínimos de bienestar.
Seguramente a muchos de nosotros nos ha tocado vivir la experiencia de participar en las diversas agrupaciones de ciudadanos nombradas para intervenir en la formulación del mencionado Plan. El entusiasmo nos invade al mencionarse nuestro nombre como integrante de tal o cual comisión y más cuando recibimos el oficio que formaliza esa distinción. Lo enmarcamos e incluso lo publicitamos.
El Plan Estatal de Desarrollo, es un compromiso político obligatorio. Es importante que el Estado defina sus estrategias para fomentar el desarrollo del Estado, desterrar la pobreza, darle a la población mejores condiciones de bienestar y garantizar su seguridad personal y patrimonial.
Viene a mi memoria precisamente que gran parte de esos compromisos institucionales se encuentra el que prevé el artículo 4° Bis-B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que por su relevancia lo transcribo: “Art. 4° Bis B. El Estado tomará las medidas correspondientes a efecto de dar cumplimiento a los siguientes derechos y deberes: IV. Los habitantes en el Estado tienen el derecho a disfrutar una vida libre de violencia. La ley establecerá las bases de la actuación de las autoridades para prevenirla y atender a las personas que sufran de ella, así como generar una cultura que permita eliminar las causas y patrones que la generan, poniendo especial atención en la erradicación de la violencia intrafamiliar.
El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entendida como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.” Extraordinario contenido y reiteradamente incumplido.
Hasta hoy, el Plan Estatal de Desarrollo, ha sido un documento político y burocratizado que solo utiliza la participación social para investirlo de una supuesta voluntad popular que no atiende. Pero renace la esperanza, porque hoy escuchamos de nueva cuenta lo que los anteriores gobiernos no han atendido.
En la instalación del COPLADESIN, el Gobernador Rocha Moya dijo lo siguiente: “Este comité debe ir más allá de la formalidad, ser un comité que convoque a los diferentes sectores a que participen y den sus ideas en la elaboración del Plan, porque finalmente pudiéramos hacerlo en el Gabinete, y eso no es lo que conviene”. ¿Será?
