La estrategia de abrazos y no balazos parece una propuesta institucional aplicada para disminuir la inseguridad púbica atando las causas y no sus efectos.
Lunes 15 de agosto de 2022.
Camina el cuarto año del gobierno federal y las causas que se prometió atacar, lejos de disminuirlas se están agravando. El desempleo crece, insuficiente cobertura educativa en las zonas marginadas del País, rurales y urbanas, la inversión privada escasea de manera peligrosa y la inflación crece en perjuicio de numerosas familias mexicanas que subsisten con salarios bajos y del subsidio que otorga el gobierno.
Las condiciones de inseguridad se agravan. La sociedad califica los hechos violentos que ocurren con más frecuencia en diversas partes del territorio nacional como actos de terrorismo. Las organizaciones criminales se apoderan de grandes porciones urbanas de ciudades y poblaciones, provocando enfrentamientos contra el gobierno y sus rivales, para arraigar su dominio. La sociedad indefensa y su seguridad peligrando.
La agresividad delincuencial se vuelve más peligrosa ante la pasividad de un gobierno federal que da la impresión de agacharse ante el embate de las armas criminales. Una delincuencia que no es enfrentada y cometiendo con mayor brutalidad asesinatos, levantones, acciones incendiarias, y una alarma social que no ve la mano del gobierno que ponga orden.
La estrategia parece que da resultados. El gobierno federal se escudó diciendo que atacar las cabezas visibles del crimen organizado, era atomizar las bandas criminales y sería más difícil al gobierno poder atacar los nuevos grupos delincuenciales que se formarían, y que el remedio era resolver las causas que propician el delito.
Se inició con la desaparición de la policía federal calificándola de indigna y corrupta y con la mención de que era una institución podrida. No se hizo ningún intento por sanearla y castigar a los corruptos. Se optó por legalizar la participación de las fuerzas armadas en el combate a la inseguridad creando la guardia nacional.
Se iniciaba con imponer la estrategia para abatir la inseguridad con el uso de la fuerza y no con abatir los males que acarrean el delito y la antisocialidad. La creación de fuentes de trabajo y buscar la dignificación del ingreso laboral, no ha sido la prioridad. Se busca militarizar el País, para asegurar la permanencia en el poder.
Pude ser una opinión descabellada pero no es irreal del todo. El poder militar cada vez crece a la vista de todos. El soldado sigue apoderándose del control de la administración federal. Aduanas, aeropuertos, ferrocarriles, refinerías petroleras, carreteras y de las instituciones policiales.
La prueba final está a la vista de todos. El Presidente se ríe de la legalidad y decreta que la guardia nacional pase al control de la secretaría de la defensa nacional. Militariza lo que prometió defender como propio de la autoridad civil. La seguridad pública. Descaradamente señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la inconstitucionalidad del decreto.
Dejar que la violencia invada la nación, y que se ponga en riesgo la seguridad de los mexicanos es el subterfugio para determinar la militarización de la seguridad pública en el País. Un Congreso dócil cedió al susurro Presidencial y se arrodilló aprobando la reforma constitucional para sacaría al soldado a la calle a combatir al malhechor, a sabiendas podría sellar la militarización de las instituciones de seguridad pública en el País.
La estrategia fue perversa, muchos mexicanos han muerto por el embate criminal y poco ha importado el temor social. Hoy se califican las acciones criminales como actos terroristas, manipular la prensa para darle ese enfoque y cerrar la pinza con uso de la fuerza militar.
Se recrudece la violencia casi al final de la administración federal, momento ideal para disponer de toda la fuerza militar porque los hechos criminales ponen en riesgo la seguridad nacional ¿Las voces organizadas de los ciudadanos mexicanos se han silenciado por complicidad o por temor? ¿Los partidos políticos contrarios a Morena, permitirán ese atropello a la constitucionalidad? ¿Desaparecerán con el plumazo presidencial las instituciones civiles de seguridad pública para imponer la fuerza militar?
¿Usted qué opina?
