Irritación y dolor por la muerte de Luis Enrique Ramírez. Un gremio periodístico pesaroso y una familia que exige justicia y castigo a los culpables del crimen.
Lunes 9 de mayo de 2022.
Es momento de respeto a la memoria del amigo y al compañero caído. Es rendir tributo a la pena que embarga a la familia por la forma tan cruel en que les fue arrebatado. Las diferencias entre dirigentes de agrupaciones periodísticas guárdenlas para otras situaciones. Demuestren solidaridad y unión para que sus reclamos sean escuchados.
Demandar de castigo a los culpables no obligan a nadie, pero moralmente compromete a todos. La movilización es de los grupos con iniciativa y con el derecho de exigir que se investigue y que el crimen no quede impune.
Que la investigación sea objetiva y muy exhaustiva. Crímenes de impacto parece que engarrota a las autoridades. Actúan con temor, pero también por las complicidades que se dan al interior de las corporaciones de policía sin excluir a la de investigación.
Por ese motivo, se anuncia por la Fiscal que se nombrará un grupo especial para llevar a cabo la investigación. Arriba además a Sinaloa un grupo adicional de la secretaría de seguridad pública y protección ciudadana del gobernó federal, para coadyuvar dicen ellos, con la investigación criminal. Ellos son los que llevarán a cabo la investigación.
Cualquiera que haya sido la causa del homicidio, que se cuide no revictimizar al victimado. En el ministerio público son muy dados a decir que el delito que se investiga pudo ser causado por determinados antecedentes que giraron alrededor de la víctima del delito. Prejuzgan hechos en lugar de dedicarse a investigar para que el crimen no quede impune.
Parece que en México no aplica los fines de la Declaración Internacional sobre la Protección a Periodistas, misma que impone la obligación de instrumentar protocolos de seguridad para evitar en los Países donde la profesión del periodismo se de riesgo o la violación a los derechos humanos sea sistemática y recurrente, como en el nuestro.
El estado está obligado a llevar a cabo un registro de periodistas que por su trabajo lo sitúen en posiciones de alto riesgo. Muchos profesionales de la información analizan y demandan castigo a miembros de la delincuencia organizada relacionados con funcionarios del gobierno, en la milicia o en las policías. Su seguridad pende siempre de hilos muy delgados.
La delincuencia organizada es un flagelo que daña las estructuras sociales y democráticas de una región o de un País, sus consecuencias son funestas para quienes tienen el valor de denunciar las complicidades que mucho avergüenzan en el servicio público.
Denunciar en las notas periodísticas la derrama sin escrúpulos del dinero del narco en los procesos electorales, no sorprende a nadie. Rechazar el soborno o que se pretenda dirigir la información a través de la amenaza, seguirá ocasionando desencuentros y riesgos para la seguridad del periodista.
Homenaje permanente a quienes son reconocidos por escribir con objetividad y valor. Una corona de olivo para cada uno de aquellos que por su profesión su vida entregaron. Un reclamo con fuerza y coraje para un gobierno incapaz que no ha sabido encontrar y castigar al culpable.
¿Si el periodista asesinado había sido víctima de amenazas y obligado en el pasado a abandonar el Estado, a su regreso y retomar su profesión, que no debió valorarse su caso e imponerle protección?
¿Usted qué opina?
