Que el mando supremo de las fuerzas armadas reconsidere la presencia militar en asuntos de las autoridades civiles.
Diciembre 11 de 2024.
Resolver con puridad constitucional el origen y finalidad de la fuerza armada permanente es restituirle su esencia en la defensa de la soberanía y de las instituciones nacionales. No hay que recurrir a la violación constitucional para resolver fenómenos que son propiciados por la misma sociedad y el gobierno. La inseguridad y la violencia.
La corrupción tiene remedio. Que el derecho y la ley se apliquen por igual. El que delinca que se le castigue y tengan plena vigencia las sanciones por el quebranto a la seguridad y al mandato de la ley.
Mucho tiempo se ha perdido y como sociedad y gobierno, no se ha aprendido que las jurisdicciones militares y de seguridad pública e investigación de los delitos deben estar en dos espacios constitucionales distintos. Deben caminar por separado.
¿Dónde estuvo el punto de quiebre en esta definición de jurisdicciones que de ninguna manera debieron ser compartidas como falazmente se ha sostenido en el discurso político y de gobierno? Ha habido una mezcla de intereses políticos y no de soluciones reales en el combate a la inseguridad, como fue la de sacar de los cuarteles al soldado, minimizando al policía en su misión constitucional. Prevenir e investigar el delito.
La imposición gubernamental ha sido autoritaria e inconstitucional, desde el momento que lleva su facultar reformatoria a la Carta Fundamental del País para darle al soldado otras atribuciones que no son las relacionadas con la disciplina militar. Le impuso la casaca policial sin tener la preparación exigida.
Las dos jurisdicciones deben estar en el sitio que les reservó el constituyente al expedir la norma suprema del País. No hay molestarnos cuando se afirma que la sociedad mexicana no está habituada al respeto de la legalidad, ya que para evadir esa obligación que impone el mandato legal, recurrimos al soborno para evitar su cumplimiento.
Por eso cuando la Presidenta de la República declara que para combatir la inseguridad deben instrumentarse otro tipo de estrategias porque el uso de la fuerza policial o mejor dicho militar, no es la solución, sino que deben implementarse otro tipo de programas de impacto social, y en ese discurso se refiere a todos aquellos que permitan arraigar en la sociedad el respeto a la norma legal.
El gobierno tiene toda la capacidad para crear en los diferentes ámbitos de gobierno una estructura policial debidamente formada y profesionalizada. Es cuestión de que haya voluntad política para que ese proyecto funcione.
Que las instituciones formadoras del policía dediquen su tiempo a diagnosticar las condiciones del sistema de seguridad pública en el País, Estados y Municipios, y que respondan a su obligación de comprometerse en diseñar la formación profesional del policía. Es necesario que dentro de ese proyecto diagnóstico se contemple la necesaria protección salarial, prestaciones, seguridad social y vivienda digna para crear fortalezas en la pertenencia del policía a sus instituciones y al irreversible compromiso con la sociedad.
Construir esa estructura con bases sólidas en las instituciones de policía, seguro que los diferentes órganos de gobierno tendrían en las fuerzas armadas un aliado fundamental en la orientación y apoyos excepcionales en el combate a cualquier manifestación del crimen.
El soldado no requiere andar en la calle patrullando y realizando funciones para las que no está preparado, cuenta con la tecnología más avanzada para surtir productos de inteligencia con fines policiales para ubicar blancos estratégicos en contra de miembros de la delincuencia organizada.
La mezcla amorfa del policía mexicano no está en condiciones de darle una definición apropiada, porque una parte es militar y otra como que es de policía., ocasionando confusión en el mando.
Cuando el soldado enfrenta el mando civil pierde su deber de obediencia, ya que su formación militar le impone un mando vertical y no horizontal que sería el civil. Regresar las jurisdicciones al cauce constitucional, es posible, solo es cuestión de voluntad política para que se logre.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
