Los poco más de 100 hombres y mujeres de toga, repartidos en los juzgados de la geografía sinaloense, sólo informan sueldos y otras minucias en sus declaraciones oficiales, sin tocar propiedades y bienes muebles
ENERO 22 DE 2024.
Los poco más de 100 jueces que a diario resuelven los procesos judiciales en la entidad, y que forman parte del Supremo Tribunal del Estado de Sinaloa, son tan discretos que no les gusta el escrutinio público, pues en sus declaraciones patrimoniales solo consignan sueldos, estudios y trayectoria, ocultando propiedades, vehículos, cuentas bancarias, entre otros bienes de carácter patrimonial.
En los documentos obtenidos por El Sol de Sinaloa vía solicitud de acceso a la información, pueden encontrarse perfiles variados, desde abogados de larga trayectoria, hasta novatos con poca experiencia en el Poder Judicial.
Según la información, los juzgadores tienen sueldos similares, en total perciben mínimamente 600 mil pesos anuales por su trabajo. Algunos tienen ingresos extras, pero ninguno expone cuáles son las propiedades ni automóviles que han adquirido durante su tiempo de servicio en estas áreas, eso sencillamente lo guardaron bajo llave.
Adán Alberto Salazar Gastélum es uno de los jueces cuestionados en los procesos judiciales que tienen funcionarios de la UAS, así como el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien lo acusó de conflicto de interés al presidir una iglesia cristiana.
Él puso en su declaración anual que tiene maestría en derecho constitucional. Como antecedentes laborales, expone que fue juez de primera instancia desde el 2011 hasta el 2014.
Percibe un sueldo mensual de 1, 380 pesos como docente de la UNIPOL, aunado a los 61,761.34 por ser juez. Su declaración indica que al año recibe $651,409.00.
Como actividades extracurriculares, es socio en la Iglesia Cristiana Manantial de Vida, Asociación Religiosa y además encargado, aunque asegura que no recibe ninguna remuneración.
Su hijo recibe la Beca Benito Juárez, eso significa un ingreso extra de $1,600 pesos al mes para el hogar del juez.
La jueza Ivonne Salazar Espinosa anteriormente laboró en Mazatlán y Salvador Alvarado. Previo a eso fue proyectista de sentencia. Declara ganar anualmente por su función en los juzgados 673,650.00; no obstante, percibe al año 1,191,749.00, aunque afirma no participar en ninguna empresa.
Carla Patricia Rocha Lara destaca por percibir 519,659.00, una cifra inferior a la de sus compañeros juzgadores. Otro dato que resalta es la nula experiencia: se graduó de la licenciatura en derecho en 2001; el contrato más antiguo expuesto en la PNT data del 2022.
Ganando una suma inferior a la de sus compañeros, Carlos Alberto Herrera tiene una maestría en derecho constitucional y anualmente percibe 501,242.00. Es otro de los jueces que llevan los procesos judiciales en contra de las autoridades universitarias.
Por otro lado, está la jueza de control Rosario Adriana Gerardo Sánchez, quien aparte de su sueldo del Poder Judicial, también recibe 451,008.00 y 391,008.00 por otras actividades que desempeña. Aunque en el apartado donde debería demostrar sus relaciones empresariales no se menciona nada.
Al buscar su nombre en la página de transparencia se muestra la documentación de su estancia como juzgadora. Además, también aparece en el apartado de relaciones de personas físicas o morales que hayan recibido recursos públicos.
Según lo expuesto, ha sostenido una relación de servicios con el Ayuntamiento de Navolato y el Sistema DIF de ese municipio. Los servicios brindados son por la reparación de vehículos por medio de una empresa que se llama Mofles La Central, la cual se ubica en ese mismo territorio.
En lo que se refiere al desempeño en los juzgados, los nombres de Adán Alberto Salazar Gastélum, Carlos Alberto Herrera y Rosario Adriana Gerardo Sánchez resaltan porque ellos han sido quienes han dado la atención en las acusaciones contra el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro, Luis Guillermo Benítez Torres y los exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Gastélum fue quien vinculó a proceso a los indiciados. De hecho, el abogado del ex rector Jesús Madueña Molina ha notificado que procederán en su contra porque supuestamente no ha acatado un ordenamiento para reinstalar a Madueña en sus funciones al frente de la Casa Rosalina, ya que fue separado del cargo como medida cautelar.
Alberto Herrera ha participado en los enjuiciamientos contra estos personajes. Tiene programada una audiencia para revisar las medidas cautelares de Robespierre Lizarraga Otero para el próximo 01 de febrero.
En cuanto a Adriana Gerardo, ella es quien está llevando la etapa de exposición de testigos en el juicio por presunto abuso de poder y discriminación contra Estrada Ferreiro, en donde se le acusa de haber insultado a 48 viudas de policías.
Otra juez de control de bajo perfil es Diana Paola Herrera Quiñónez, quien es hija de la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada. Ella dice ganar 549 mil pesos al año, no declara propiedades ni bienes muebles.
Herrera Quiñónez ascendió de juez de control una vez que su madre se retiró de los juzgados en 2021, una semana después de que también Enrique Izunza Cázarez se jubilara como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, entre julio y agosto de ese año, para ocupar la Secretaría General de Gobierno con Rubén Rocha Moya.
