NOMBRAMIENTO DE FISCAL Y LA CRISIS POLÍTICA QUE VIVE SINALOA


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Todo lo que le ha ocasionado al gobierno de Sinaloa la necedad de tratar de imponer una ley que fue declarada inconstitucional.

AGOSTO 23 DE 2024

La Ley de Educación Superior de Sinaloa es la madre del conflicto que se desató el gobierno al pretender apoderarse de la Universidad Autónoma de Sinaloa sin importar que se violara la autonomía universitaria.
Se buscó solucionar toda diferencia. La UAS quería tranquilidad en su misión de educar. Hizo los mejores esfuerzos para conciliar todo malestar gubernamental, pero las respuestas que recibió fueron el rechazo y la amenaza.

Ensordece todavía aquella frase que recibe Jesús Madueña Molina del mismo Gobernador cuando sin tapujos le propone que aceptara la Ley, que transitara con él y que le iría muy bien. La negativa fue inmediata y categórica, cuando le dijo: “no seré el Rector que traicione la autonomía universitaria.”

La respuesta que sonó como disparo de guerra, hizo explotar la furia estatal y quitó las amarras a la jauría de represión. La Auditoría Superior del Estado, el Sistema de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica y la Fiscalía estatal. La postura firme de la UAS los amilanó, pero entendieron que no sería un rehén de sus ambiciones.

La historia de los sucesos que han venido ocurriendo en contra del Rector Jesús Madueña Molina y otras autoridades universitarias han sido episodios dignos de telenovela, porque el desafío ha sido cruento, pero firme y decidida ante cualquier adversidad por la comunidad Rosalina. Un digno contrapeso a la arbitrariedad gubernamental. Los efectos de la férrea persecución política en perjuicio de quienes se opusieron a la colonización de la UAS han ocasionado desenlaces lamentables, como haber llegado al homicidio. Ese conflicto fue la causa de atentar y asesinar a un universitario de cepa: Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El origen de la muerte del Mtro. Cuén Ojeda, no podrá ser omitido en las investigaciones federales, la pretensión obsesiva de querer imponer una ley que fue rechazada y que causó ese coraje y odio en los mandos políticos estatales.

La represión arbitraria, ilegal y criminal contra las autoridades universitarias los desfiguró y sin recato alguno impusieron ministerios públicos y jueces para perseguir políticamente a los desafiantes universitarios, los vincularon a proceso y les impusieron aberrantes medidas cautelares, pero el temple uaseño retó al enemigo y en la batalla por la dignidad y defensa de la autonomía universitaria le ha propinado derrotas que los llevarán a la victoria.

En el avance victorioso de los rosalinos, el mando político estatal enfrenta graves riesgos de ser removido del puesto que le fuera otorgado por el voto de un pueblo y una comunidad universitaria que le dio su confianza y que por sus actos antidemocráticos, arbitrarios e ilegales en perjuicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahora lo repudia y lo rechaza.

El 25 de julio pasado, puede ser el Waterloo del gobierno que dirige a Sinaloa. La Fiscalía General de la República investiga los sucesos ocurridos en esa fecha. El fantasma de la muerte del Mtro. Héctor Melesio Cuén Ojeda, los persigue. Justicia es lo que se exige y que ese sacrificio perverso y vergonzoso no quede en la impunidad.

Los misiles de la sospecha impactan en el gobierno. Tienen mucho que decir en la investigación federal ¿Muchas fallas las que cometieron por órdenes de quién? ¿a quién pretendían proteger? ¿hay amenazas para que no declaren los posibles involucrados en los hechos?

¿Será sano, es una pregunta, que quienes formaron parte como mandos superiores de la Fiscalía estatal aspiren a dirigirla si está la posibilidad de que sean llamados a rendir cuentas en la Fiscalía federal y que resulten con algún delito colgado en sus espaldas? La investigación federal está lanzando intensas lengüetadas de fuego que todavía puede quemar a muchos.

Los mandos políticos del Estado están en riesgo, en un momento muy inadecuado para nombrar al o a la Fiscal. Pero eso es un asunto que deberá resolver la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Los demás intervinientes lo harán de mero protocolo. El agua bendita seguro que ya fue derramada en alguno de los aspirantes.

La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?


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