¿Los mexicanos enfrenamos ideologías que pretenden emancipar nuestras libertades? ¿El gobierno pensará y actuará por nosotros? ¿El derecho y la ley serán desterrados?
Octubre 23 de 2024.
La legalidad parece que no está en los registros del gobierno. Los actos de gobierno se apartan de todo rigor establecido en la Constitución Federal y en las leyes. La voluntad del Ejecutivo quiere imponerse por sobre los demás Poderes de la Unión, la voluntad de la “Reyna” nos anarquiza.
Oponerse a obedecer mandatos judiciales ponen en riesgo los equilibrios constitucionales porque son los jueces del Poder Judicial y otros tribunales, los responsables de aplicar e interpretar la norma jurídica vigente en nuestro sistema jurídico nacional. El Poder Ejecutivo solo interviene para su ejecución. Toda negativa al cumplimiento de mandatos judiciales sin excepción, pone en riesgo nuestro sistema constitucional y democrático.
La reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, es un ejemplo de lo que se pretende imponer en México. Una vía para desaparecer toda norma convencional que proteja los derechos humanos y eliminar obstáculos para atacar toda arbitrariedad gubernamental.
Controlar el poder judicial y la voluntad de los jueces, tiene que ir seguida de la reforma constitucional que modifica los artículos 21, 115 y 116 de la Constitución Federal. Militarizan la seguridad pública federal y la Guardia Nacional se fusiona a la Secretaría de la Defensa Nacional. Desaparecen las policías municipales y le conceden al Estado la función preventiva de la seguridad pública con mandos militares. Los derechos humanos se ponen en riesgo por la formación natural del soldado preparado para la guerra o para matar, que es lo mismo.
¿En qué posición quedan los organismos defensores de derechos humanos? Se han observado algunas protestas por la reforma constitucional al poder judicial y en materia de seguridad pública, pero parece que nadie los escucha o más bien no están organizados como fuerza real de poder político en el Estado o en el País.
Los mandos militares serán los que prevalezcan, los Gobernadores de los Estados, solo serán observadores en seguridad pública porque no tendrán autoridad y mando sobre los titulares de sus corporaciones policiales. Los gobiernos estatales pagarán salarios y prestaciones y el mando lo ejercerá la autoridad castrense. Que fatalidad.
Los municipios dejan de tener fuerza pública preventiva porque esa función se le transfiere al Estado. Tampoco expedirán los bandos de policía y gobierno porque se les suprimió esa competencia municipal. La docilidad política de los presidentes municipales se constriñe a seguir los lineamientos del partido político de su pertenencia o de su adhesión por interés. La oposición política en el Congreso federal y en los estatales han sido nulos porque no se escucha colectivamente esa voz de alerta a la población de los riesgos que corren sus derechos humanos y todos los demás que como ciudadanos tenemos.
México y Sinaloa vivirán un nuevo ciclo en materia de seguridad pública. Los ciudadanos tendremos que acostumbrarnos al mando castrense que no sabe lo que son los derechos civiles y como deben ser tratados. La violación de los derechos fundamentales estará en el registro diario de las actuaciones policiales.
Esa es una razón del porqué se quiere reformar el Poder Judicial y no tocar para nada la obligación de contar con instituciones policiales civiles. Con los abrazos y no balazos, se les descompuso el control de las policías en estados y municipios. Por eso urge que los jueces y magistrados sean electos por voto popular para que los delincuentes salgan a placer del control de la detención, porque los militares no cumplirán con las formalidades exigidas por la ley.
La postura de la Presidenta Sheinbaum, de no acatar las resoluciones de los jueces, es una muestra indiscutible de la anarquía que se pretende establecer en el País. Si tienen duda, pregúntenles a los empresarios como se quedaron vestidos y alborotados ante el gravísimo desaire que se les hizo por el gobierno federal. Ninguna representación presidencial ante una reunión del poder económico nacional ¿Se arrodillarán?
El anarquismo y la ilegalidad pueden arraigarse. Se mandó una iniciativa suprimiéndole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda facultad para que no revise las reformas a la Constitución. Morena llegó al poder y hará de todo para destruir nuestro sistema democrático de derecho. Cuidado pues.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta
