Quirino Ordaz Coppel, como Gobernador de Sinaloa, no le favorece el concepto social de honesto. Tampoco el de buen gobernante.
Lunes 31 de enero de 2022.
Llegó por las siglas del Partido Revolucionario Institucional sin ser miembro de dicho partido político, antes había sido Diputado Federal por el Partido Verde Ecologista de México. Una persona que, sin tener identidad política partidista, tuvo suerte de pertenecer a un grupo que lo propuso para gobernador de Sinaloa y pego. Ese mismo grupo encabezado por el expresidente Peña Nieto ha sido calificado como el más corrupto de los últimos decenios al grado de casi desaparecer al PRI.
Su proyecto de gobierno fue desarrollar obra pública en lugares muy bien definidos en su plan de desarrollo estatal. Mazatlán como destino turístico nacional fue un objetivo muy bien planeado, por su formación empresarial como hotelero y vinculado directamente a dicha rama empresarial, y permitirle sanear sus finanzas que no eran muy solventes desde que llegó a la administración estatal cuando gobernaba Jesús Aguilar Padilla.
La administración de Ordaz Coppel, debe ser objeto de una escrupulosa revisión por la Auditoría Superior del Estado. Sus cuestionamientos aparecen desde los inicios del gobierno de Mario López Valdez (MALOVA), cuando se pretendió responsabilizar a Jesús Aguilar de la compra de un lote importante de patrullas a un conocido empresario automotriz de los Mochis amigo personal de MALOVA, sin cubrir los procedimientos exigidos por la ley de adquisiciones, compra no aclarada en la que finalmente apareció que quien solapó esa irregularidad fue Quirino Ordaz.
Ese antecedente en la actuación de Ordaz Coppel permitió que callara una vez ungido como Gobernador del Estado, ya que, la administración de MALOVA, en el concepto popular, debió ser investigada por los graves desfalcos que se cometieron, entre otros muchos, el desvió de cantidades millonarias que debieron destinarse al Instituto de Pensiones que a la fecha lo tienen en la quiebra.
Decidió iniciar su gobierno con una estructura militar en las instituciones de seguridad pública, misma que le impuso el exsecretario del defensa nacional detenido en estados unidos y deportado posteriormente a México, con el compromiso de ser investigado pero absuelto una vez aquí, de toda responsabilidad penal. Instituciones policiales que hasta la fecha permanecen secuestradas por ese grupo militar.
La inversión millonaria para la construcción del estadio de futbol en Mazatlán no ha sido objeto de observaciones por la Auditoría Superior del Estado, aun cuando las voces de protesta ciudadana han sido muchas y ni por asomo han sido escuchadas. Inversión pública concesionada aun particular sin que nuestros legisladores hayan dicho nada aun cuando sabemos que hay motivos para reprobarla.
El gobierno de Ordaz Coppel está envuelto en un probado conflicto de interés porque el mejoramiento de la infraestructura turística de Mazatlán les fue asignada a constructores ligados directamente al entonces gobernante, un negocio que se llevó a cabo con los mejores beneficios. Si quien tiene a su cargo fiscalizar esos trabajos con inversión pública, no batallarán mucho para darse cuenta de los graves problemas de corrupción que se encontrarían.
Gobierno manchado con el homicidio en perjuicio de dos inocentes jovencitas de Tamazula, Durango, en la población de Sanalona. Policías estatales dispararon en contra del vehículo que las transportaba con los resultados mencionados.
El Gobernador y su Fiscal, envueltos en el escandalo por haberse destruido muchísimas evidencias para solapar la culpabilidad de los homicidas. Un crimen impune hasta la fecha y una carta de protesta y de coraje por las familias de las víctimas de que no se cometa la peor aberración de hacer embajador a dicho personaje. Un llamado a la reflexión Presidente López Obrador.
¿Usted qué opina?
