La hermana del ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto pudo haber figurado como prestanombres en el caso Agronitrogenado
Un juez federal libró una orden de aprehensión contra Gilda Lozoya, hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. La orden fue emitida gracias a una acusación promovida por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a su presunta responsabilidad en los delitos operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Derivado del seguimiento del caso Agronitrogenados, Gilda Susana promovió un amparo, el cual fue admitido por el Juez Octavo de Distrito en la materia quien no concedió ninguna suspensión, esto, porque la señalada no lo solicitó.
Conforme a una nota de El Universal, la orden fue emitida el pasado 29 de octubre por el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Cabe recordar que ya se había dictado una orden de aprehensión previa, en el mes de septiembre; sin embargo, ésta había quedado sin efecto para que se subsanaran vicios en ella, tales como la falta de fundamentación y motivos que justifican la necesidad del arresto de la hermana del ex director petrolero.
De tal modo que se repuso el proceso y el juez Zúñiga volvió a dictar la orden. Aunado a esto, como Gilda Lozoya no solicitó una suspensión, la fiscalía a cargo de Gertz Manero no está impedida para cumplimentar la aprehensión.
Para entender el caso, cabe recordar que en marzo de 2012, Emilio Lozoya Austin, se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional de la campaña del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Fue en ese momento cuando recibió el primer soborno por parte de Odebrecht, el gigante de la construcción brasileña.
De acuerdo con una investigación del diario Milenio, el soborno fue de USD 4 millones. Originalmente, Lozoya Austin había solicitado USD 5 millones al ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, por “haberlo auxiliado” en el posicionamiento de su firma en Veracruz.
Una vez recibido los recursos, el dinero que fue a dar a la cuenta de su hermana Gilda Susana, de 21 años de edad, y que presuntamente fue utilizado para adquirir una casa en la colonia Lomas de Bezares, así lo confirmaron autoridades consultadas por el diario.
Ahora, el itamita enfrenta la justicia mexicana y para poder acceder al criterio de oportunidad, el cual consiste brindar testimonios y pruebas de que alguien con mayor cargo jerárquico que él en la administración pública fue el que elucubró los desvíos que se le imputa. En este caso, sólo hay dos personas a las que se les puede imputar esto: Luis Videgaray, ex secretario federal, y Enrique Peña Nieto, ex presidente de México.
Es decir el ex director de Pemex aplicaría la fracción V del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: “Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.
Finalmente, la defensa de Lozoya también busca aplicar el artículo 257: “…se suspenderá el ejercicio de la acción penal, así como el plazo de la prescripción de la acción penal, hasta en tanto el imputado comparezca a rendir su testimonio en el procedimiento respecto del que aportó información”; sin embargo, el avance específico del caso se mantiene de forma reservada, esto para no entorpecer las investigaciones.
No obstante, cabe recordar que hubo una filtración de la declaración de Lozoya en la que indicó que tanto Videgaray como Peña emitieron las órdenes respectivas para aceptar los recursos ilícitos y posteriormente dispersarlos entre otros miembros de la política mexicana, en donde sobresale el nombre de Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN).