La prensa desde sus inicios ha estado asociada a un principio de libertades que todo régimen democrático debería privilegiar.
Miércoles, 26 de enero de 2022.
La libertad de imprenta como medio difusión de las ideas es un derecho humano fundamental por el que toda persona puede y tiene la prerrogativa de difundir ideas sobre cualquier materia y sin que deba ser objeto de censura por la autoridad pública.
La libertad de opinión tiene límites y es la que le fija el estado autoritario. Es un freno a la libertad de prensa para que las mismas no trasciendan a la concientización ciudadana. Pero también es un obstáculo a las arbitrariedades de los que gobiernan. Interesa un pueblo desinformado y dócilmente manipulado, seguida de aquella frase: O estás con lo que se quiere o serás eliminado.
México, se ha convertido en un País de riesgos para el periodismo y la libertad de expresión. Han caído y seguirán cayendo líderes de opinión. Duelen esos hechos, y seguirán ocurriendo como respuestas indeseables en deterioro de las libertades.
La historia sigue vigente, por ello no debemos decir que es historia. Porque la historia estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Las manos criminales siguen asesinando periodistas, producto de un gobierno que no ha hecho nada por castigar a los culpables. Hay crisis en la libertad de prensa mexicana, pero hay coraje por los caídos en el cumplimiento de su deber.
¿Dónde queda el postulado constitucional de la libre manifestación de las ideas? ¿Dónde queda también el derecho humano para difundir lo que el pueblo requiere saber? Porque cuando no se asesina a un periodista por escribir, se le ataca por la misma autoridad de que el periodismo se utiliza como medio para chantajear. La colisión entre el defensor de las libertades y el estado represor.
En el curso de la presente administración federal, han sido asesinados periodistas y defensores de los derechos humanos. Cifras de la Secretaría de Gobernación registran que de diciembre del 2018 a la fecha se han cometido homicidios dolosos en perjuicio de 43 periodistas y 68 defensores de derechos humanos.
El homicidio más reciente, acaecido en perjuicio de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California. La liga criminal se dirige al exgobernador de esa entidad federativa Jaime Bonilla. El estado tratará de desvirtuar toda sospecha que afecte a un político que forma parte del partido político que gobierna el estado bajacaliforniano y el mismo que detenta el poder federal.
La libertad de opinión seguirá causando dolor en las estructuras del poder político nacional. Las costras de la corrupción ulceran la sensibilidad gubernamental. El homicidio de periodistas regularmente se vincula en su gran mayoría a personajes de la política ligados a la delincuencia organizada. El gobierno lo sabe y las investigaciones no avanzan.
Más el 95% de los homicidios de las personas ligadas al periodismo y a la defensa de los derechos humanos, no se esclarecen. ¿El motivo? no conviene que las autoridades gubernamentales se vean evidenciadas en esos hechos abominables que exhiben la podredumbre de un estado que se escuda en sus principios democráticos pero que sucumben en el autoritarismo oficializado.
Un minuto de aplausos para quienes se han atrevido a desafiar al estado autoritario y que a costa de sus vidas dejan sus ideales como pinceladas que iluminan conciencias y avivan las libertades.
¿Usted qué opina?
