Hacer leyes es la función del Poder Legislativo. Nadie la cuestiona. Pero que esa atribución la ejerzan al margen de los lineamientos constitucionales lesionando derechos de otros provocan el conflicto.
Viernes 3 de marzo de 2023.
La reacción de reproche por la Universidad Autónoma de Sinaloa en la expedición de la Ley de Educación Superior de Sinaloa o Ley Feliciano, no cumple con el mandato constitucional y tampoco con el dictado de la Ley General de Educación Superior.
No solo lesiona derechos relacionados con la autonomía universitaria establecido en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa por disposición expresa del artículo 3°, fracción VII de la Constitución Federal, sino el de las demás instituciones de educación superior que existen en el Estado como la Universidad Autónoma de Occidente y de Universidad Autónoma Indígena de México ¿El Gobernador como Senador hizo una defensa digna de recordar en defensa de la autonomía de la universidad pública cuando se discutió la expedición de la Ley General de Educación Superior, que pasó con ese discurso?
Además del derecho a gobernarse a sí mismas, formular sus planes y programas de estudio libremente, sus relaciones laborales se rigen por el artículo 123, apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Feliciano, rebasa la competencia legislativa para suprimir en el texto de esa ley los derechos laborales que rigen en este tipo de instituciones educativas.
Descalifican la denominación de trabajador y lo convierten en servidor público sujeto a la aplicación de la ley de responsabilidades administrativas y de la ley de responsabilidades para los servidores públicos. Un absurdo que las demás instituciones afectadas con la expedición de la ley no se han pronunciado. Les modifican su estatus laboral y se guarda silencio por los trabajadores y sindicatos ante la violación a sus derechos.
En el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es el objetivo de conquista en la expedición de la nueva Ley de Educación Superior de Sinaloa, se dice por los legisladores que apoyaron esa Ley Feliciano, que hay opacidad en la Universidad, que no hay transparencia en el ejercicio del gasto y que hay resistencias en la rendición de cuentas.
Sin embargo, ese discurso que se ha sostenido por los enemigos de la UAS, recibió el pastelazo en la cara en la conferencia impartida en el auditorio de la autonomía universitaria el día de ayer por el propio encargado de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción, Eduardo Gurza Curiel, dependiente de la Secretaría de la Función Pública Federal, dijo categórica y enfáticamente y con esa frase abrió su exposición, que la Universidad Autónoma de Sinaloa se distingue por el buen maneo de los recursos.
El conflicto propiciado por la necedad del grupo de legisladores que rodean a Feliciano Castro en el Congreso del Estado y los paleros que también lo siguen al haber votado una ley que es a todas luces inconstitucional, aunque el Titular del Ejecutivo diga lo contrario.
Feliciano rehúye al debate público, solo se atreve hacerlo en la tribuna que gobierna. No se animó a enfrentar los cuestionamientos en una cabina de radio y que con toda autoridad se los exigió el Abogado General de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Trató de minimizar la autoridad del funcionario universitario cuando sabe que es un profesionista probo y con la suficiente autoridad moral y académica para haber sostenido un dialogo que diera claridad a los propósitos políticos e invasivos a la autonomía de la universidad pública y el régimen de gobierno que las mismas tienen por disposición constitucional. Salió corriendo como si fuera a una competencia olímpica. Esos son los defensores de las ideas y de los principios democráticos que se pregonan en el circulo político del que forma parte ese señor diputado.
El conflicto sigue escalando. El interés de dialogo parece que se borró de la agenda del Gobernador. No es lo más recomendable. Tiran la piedra a la UAS, y golpea a la SEPyC, por un tráfico escandaloso de plazas magisteriales. El problema de corrupción está dentro de la administración estatal, no en la UAS.
¿Usted qué opina?
