El derecho a la impunidad no lo tiene nadie. El castigo a quien viola la legalidad es un imperativo. La ley no distingue.
Martes 10 de enero de 2023.
El operativo implementado para la captura de Ovidio Guzmán fue implementado en todo por el Gobierno Federal. la SEDENA se responsabilizó del mismo. Ya se señaló en nota anterior lo que al parecer ha ocurrido en las relaciones institucionales entre la fuerza armada militar terrestre y aérea y la Marina. Fracturas a la vista entre ambas instituciones.
Un nuevo culiacanazo ocurrió en Sinaloa. Las fallas fueron atroces. La población de Jesús María eje central del operativo, está irritada por los graves desmanes cometidos por la fuerza militar. No solo se ocasionaron daños materiales, cateos sin cumplirse las formalidades legales y un alto número de personas que no apareen.
La milicia no sabe de protocolos legales que deben ser atendidos y aplicados en operaciones policiales, porque demos entender que esa acción gubernamental fue un operativo policial, en el que llegan los soldados y atropellan familias enteras apartándose del objetivo que los llevó hasta ese lugar del municipio a detener a un delincuente.
Debió implementarse todo un despliegue táctico de guerra porque el enemigo que tenían enfrente no eran delincuentes comunes son probados terroristas. Ya se había vivido la experiencia en aquél fallido operativo del 2019, para aprehender al mismo personaje. Pero volvieron a fallar.
Hoy, le alborotan al gobierno de Sinaloa a la tropa delincuencial que protegía al detenido, los hechos de terror se vieron de inmediato y la milicia desordenada invadió domicilios, para detener a presuntos delincuentes, no se sabe, es lo que los pobladores de Jesús María le reprochan al Gobernador y de las crueles violaciones que vivieron por muchas horas al tenerlos incomunicados por el ejército y allanando domicilios a placer ¿Actos de venganza por lo ocurrido en el 2019?
El Gobernador sin tener participación en los hechos porque no lo tomaron en cuenta ya que ese el proceder clásico de las autoridades militares de no avisar, atropellar derechos y emprender la huida dejando el cascabel sonando para que la autoridad política del lugar se encargue de silenciarlo.
El Gobernador debe tener cuidado, su Secretario de Seguridad Pública, es un militar y como tal debió tener conocimiento de los hechos ocurridos en Jesús María. Su lealtad está con el mando militar y no con la autoridad civil. Son las reglas que se imponen en la formación castrense.
Si no le informó su subordinado con la debida oportunidad del operativo realizado es porque esa fue la instrucción recibida.
No porque no haya tenido conocimiento del mismo a menos que no merezca la confianza de su propio grupo militar que lo recomendó para continuar en esa responsabilidad que debe ser civil.
La importancia de la lealtad señor Gobernador. Esa la encontrará en un civil comprometido y profesional con la función policial y con el gobierno civil. La jurisdicción militar a lo suyo y dejen se usurpar funciones para las que no están formados y tampoco capacitados.
Las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, han guardado silencio debieron intervenir de inmediato e investigar las violaciones graves a los derechos humanos.
La detención de un delincuente no debe ser el pretexto para lesionar derechos fundamentales. Las fallas y los abusos cometidos en el operativo militar deberán ser castigados. Mientras tanto el Gobernador que reciba los reproches.
¿Usted qué opina?
