La legalidad exige respetar el imperio de la ley cumpliendo a cabalidad cada una de sus finalidades.
Martes 18 de julio de 2023.
La jurisdicción o el poder del estado, en la forma en que ese poder se fracciona para determinar las autoridades que serán responsables o competentes para conocer y resolver las diferencias entre los gobernados.
En el caso del conflicto Estado-UAS, esa potestad debió ser cuidadosamente analizada para que las autoridades gubernamentales del Estado estuvieran en aptitud de llevar a cabo y apegados a la legalidad sus procedimientos.
Desde los inicios del conflicto, la Universidad Autónoma de Sinaloa, demostró con fundamentos y argumentos que la Auditoría Superior del Estado no tenía atribuciones para auditar los recursos propios de la Casa Rosalina.
La respuesta de ese órgano del estado dependiente del Poder Legislativo no aceptó los razonamientos sustentados en la ley aplicable al caso, o sea que conforme al Título Tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta la Universidad Autónoma de Sinaloa es una persona moral con fines no lucrativos y por ese motivo es una entidad de control indirecto como lo establece el artículo 2, fracción XX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Los ingresos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que constituye el motivo subsidiario del conflicto, porque los orígenes del mismo se encuentran en la inconstitucional Ley de Educación Superior de Sinaloa, no están comprendidos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de Sinaloa, y si ello es así, no forman parte del gasto sujetos a la competencia de la Auditoría Superior del Estado, como lo establecen los artículos 43, fracción XXII de la Constitución Política Local y 4, fracciones X, XII y XXVI de la Ley de la Auditoría Superior del Estado.
Los motivos y fundamentos que se han hecho valer por la Universidad Autónoma de Sinaloa de que la revisión del gasto y de su presupuesto están bajo el amparo y competencia de la Auditoría Superior de la Federación,
Mediatizar las responsabilidades del gobierno es engañar al pueblo de que se hace lo que no es verdad, es traicionar la conciencia ciudadana. En cambio, mediatizar los hechos de los oponentes de un régimen político es con el propósito de dificultar la libertad de acción en el ejercicio de sus funciones, ha sido ignorado sistemáticamente.
La supuesta negativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa a ser auditada ha ocasionado que desde el gobierno del Estado se hagan una serie de señalamientos perversos de corrupción que lejos de favorecer un ambiente de salud educativa y laboral que involucran a cientos de miles de alumnos, trabajadores y jubilados, y utilizar facciosamente a sus instituciones para desatar una cacería política de quienes se atrevieron a rechazar un aborto legislativo como es la Educación Superior de Sinaloa, llevando al Rector y funcionarios de la UAS al banquillo de los jueces dependientes del Poder Ejecutivo porque la independencia constitucional del Poder Judicial y de la Fiscalía Estatal se ha perdido en esta administración gubernamental.
El imperio de la ley para el gobierno del Estado se ha convertido en un espectro fantasmagórico, al grado de nublarse el raciocinio mandando a practicar un cateo a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a todas luces ilegal, violándose con ello tratados internacionales de protección a la educación y a la autonomía de las instituciones como la UAS, que obligará a llevar a instancias supranacionales el conflicto.
El uso mediático del conflicto por las autoridades estatales ha llevado a celebrar contratos millonarios con empresas periodísticas con el solo fin de divulgar basura en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de sus autoridades.
La norma jurídica creada para ordenar los actos de autoridad y proteger al gobernado de la arbitrariedad gubernamental, parece que esos obstáculos legales han sido aviesamente ignorados por las entidades públicas estatales.
Un gobierno que no contribuye a la seguridad ciudadana, a la inversión, a la generación de empleos, a la rentabilidad de las empresas productivas, a la educación y a la cultura, debe ser desplazado con el voto popular en la próxima elección.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
