Como las encuestas estiman que el 80% de los venezolanos no participarán de las elecciones legislativas por ser un proceso viciado, el chavismo ha emprendido una estrategia de coacción contra la población para obligarlos a acudir a las urnas
El régimen de Nicolás Maduro sabe que las elecciones parlamentarias de este domingo carecen de legitimidad dentro y fuera de Venezuela, y cuando el proceso electoral finalmente culmine, se enfrentará a lo inevitable: que el mundo no reconozca sus resultados.
Es que la Unión Europea envió una delegación a Caracas en septiembre para intentar acordar con el régimen condiciones mínimas para el proceso. Ante la negativa de Maduro, el bloque determinó que no hay condiciones democráticas para unas elecciones en Venezuela y por lo tanto no envió una Misión de Observación Electoral. Tampoco lo hicieron la ONU ni la OEA. Además, más de 50 países del mundo solo reconocen como autoridad democrática del país a Juan Guaidó, el líder opositor que preside el Parlamento, por lo que tampoco respaldarán comicios organizados por el chavismo sin ningún tipo de transparencia.
Es que estas elecciones carecen de cualquier tipo de garantía.
Las autoridades electorales fueron designadas a dedo por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro, contrario a lo que establece la Constitución en su artículo 296, que señala que deben ser designados por la Asamblea Nacional. Quienes fueron impuestos como rectores del CNE no cumplen con los criterios de independencia, pues están vinculados al chavismo. El más claro ejemplo es Indira Alfonzo, impuesta como presidenta del CNE, quien ejercía como vicepresidenta del mismo Tribunal que la designó, y quien se dedicó a perseguir a opositores cuando fue magistrada.
Es más, el CNE de la dictadura alteró la conformación del Parlamento. Violando la Constitución y las leyes, aumentó la cantidad de diputados a ser electos en un 60%, pasando de 167 diputados a 277, asignando más cargos a elegir en localidades pequeñas pero que históricamente han favorecido al chavismo, para así asegurarse más diputados.
Y los principales líderes políticos opositores no pudieron postularse como candidatos, están inhabilitados y perseguidos. Tal es el caso de Juan Guaidó, Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López o Julio Borges. De hecho, ningún candidato es realmente opositor. Todos son chavistas ampliamente conocidos o forman parte del chavismo pero se venden como opositores. El régimen, además de inhabilitar a los líder opositores, intervino sus partidos y desplazó a sus militantes.
Aún con tamaña manipulación, la dictadura se enfrenta a su gran temor: que los venezolanos no acudan a las urnas. Sin ningún tipo de reconocimiento internacional y en un país donde el voto no es obligatorio, solo una altísima participación salvaría los comicios chavistas. En 2015, cuando la oposición ganó las elecciones legislativas logró un 74% de participación. Fue tal la afluencia de votantes que el chavismo no pudo desconocer la victoria opositora, como bien hubiese querido hacer.
Por esta razón apelaron a dos maniobras antidemocráticas para que los venezolanos vayan a votar: brutales amenazas y promesas incumplibles.
En Venezuela el voto es voluntario, no una obligación, y dado que las encuestas estiman que el 80% de los venezolanos no participarán por ser un proceso viciado, el chavismo ha emprendido una estrategia de coacción y amenazas contra la población para obligarlos a acudir y que voten por los candidatos del PSUV.
Esta semana, el segundo del régimen, Diosdado Cabello, afirmó: “El que no vota, no come”. La amenaza es gravísima per se, pero más aún en en un país con 10 millones de personas en inseguridad alimentaria, según estimaciones de la ONU, y en el que el régimen controla la distribución de alimentos.
“La declaración de Diosdado Cabello demuestra que a la dictadura solo le queda el control social para obligar a participar en la farsa electoral del 6D. Este tipo de sistemas utilizan el hambre para luego subyugar a los individuos a los designios de las élites de turno. Lo vimos en la época de Stalin donde mataron a más de 5 millones de campesinos de hambre en el llamado genocidio de Holodomor, en la China de Mao donde murieron más de 50 millones y por supuesto en Cuba donde crearon una libreta de racionamiento para chantajear a la sociedad”, señaló Julio Borges, el canciller de Guaidó.
También Maduro ha anunciado que los militares y grupos de exterminio, como las FAES, buscarán en su casa a los ciudadanos para llevarlos a votar, con la excusa de “garantizar medidas de bioseguridad”.
El viernes pasado, en la misma línea, Iris Varela, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y hasta hace dos meses ministra de Servicios Penitenciarios del régimen, envió un mensaje a los gerentes y directivos de este Ministerio (que aún controla en las sombras), ordenándoles despedir a todos los empleados que no participen este domingo 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo.
“Este es un mensaje para todos los funcionarios, directores del Servicio Penitenciario”, comienza el audio que hizo llegar Varela a sus ex subordinados. “Tenemos una elección muy importante el próximo domingo. Yo le voy a decir a toda la gente que trabaja en el ministerio penitenciario, ¡el que no vote, que lo boten! Porque no tiene sentido que nosotros arriesguemos lo que nos estamos jugando el próximo domingo. Yo sé que mis camaradas todos son cumplidores. Garanticen su voto. Llegó el momento de defender la patria”, agrega la dirigente del régimen.
Para Borges, a la dictadura de Maduro sólo le queda el chantaje y el control social para obligar a votar en la farsa electoral del 6 de diciembre. Comparó el hambre generada en Venezuela con otros sistemas como los de China, Cuba y la extinta Unión Soviética. Asimismo, detalló que hoy más del 90% de los venezolanos vive bajo la línea de la pobreza y hay 30% de niños menores de 5 años en desnutrición crónica. “Apelar al hambre para impulsar la participación en el fraude electoral es criminal”, denunció.
Las amenazas de los funcionarios chavistas no son palabras vacías, sino que cuentan con fuerzas capaces de reprimir hasta lograr sus objetivos. Además de el escuadrón FAES, el presidente de la prestigiosa ONG FundaRedes, Javier Tarazona, denunció que grupos narcoguerrilleros colombianos como el ELN y las FARC ejercen presiones sobre la población venezolana para que participen en las elecciones. “Estos grupos armados irregulares extorsionan y luego financian el proceso electoral del domingo 6 de diciembre, y en FundaRedes estaremos dando seguimiento y denunciando este tipo de situaciones que han estado presentes incluso en el discurso oficial, cuando Diosado Cabello dijo que quien no vote no come, en una franca demostración de coacción”, precisó Tarazona.
Pero además de amenazar, el chavismo utiliza el monopolio de los medios de comunicación para hacer promesas incumplibles y sin ningún tipo de pudor, soborna a los venezolanos para que vayan a votar.
El propio dictador hizo clientelismo explícito en cadena nacional y ofreció premiar a las primeras 100 comunidades que tengan el mayor porcentaje de participación en las elecciones legislativas.
“Atención UBCH, atención Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, vamos a estar pendientes del porcentaje de participación en cada centro electoral y aquellas 100 primeras UBCH que tengan el mayor porcentaje de participación de su comunidad le vamos a dar un premio especial a la comunidad, al pueblo”, dijo en un acto de campaña la semana pasada.
Pero no solo Maduro se compromete a lo incumplible, sino que en los últimos días sus candidatos ofrecieron un mar de promesas casi milagrosas como acabar con la pobreza, salarios en dólares, poner fin al caos en los servicios públicos o dejar atrás las sanciones estadounidenses…
