Ninguna difusión periodística pagada hará que la Universidad Autónoma de Sinaloa deje de responderle a la sociedad sinaloense en sus fines de educar. Los jóvenes son su prioridad.
ABRIL 25 DE 2024
Miles de aspirantes en los niveles de bachillerato y licenciatura quieren un espacio en la Casa de Estudios Rosalina. La UAS se esfuerza para que el mayor número de jóvenes ingresen a las aulas universitarias. Los Padres de Familia recibirán de los dirigentes universitarios la mejor de las respuestas. El ingreso de sus hijos a la UAS.
El Gobierno del Estado no será un obstáculo para que la Universidad Autónoma de Sinaloa cumpla una vez más con su misión de educar. La institución requiere de mejores apoyos, pero se sabe que no los recibirá de las autoridades estatales.
El subsidio federal y el que se recibe de las aportaciones federales a través del Estado, sumados a los recursos autogenerados por la UAS serán el soporte para responder a los sinaloenses a pesar de las diferencias políticas generadas por el Estado contra la Universidad.
La demanda de aspirantes para ingreso a la UAS es alta. La Comisión General de Admisión hace los mejores esfuerzos para ampliar el número de espacios en las aulas universitarias aun con el elevado costo presupuestal que ello representa. Se privilegia que el joven se ocupe en su formación profesional y que no esté expuesto a ser arrastrado a las organizaciones criminales.
El Gobierno del Estado atiza con mayor furor su coraje porque no ha podido frenar el avance de los éxitos en la defensa de las autoridades universitarias y de la propia Casa Rosalina. Atropella por todos los medios los derechos de quien se atrevió a enfrentar ese poder arbitrario del gobierno de Sinaloa.
Se han segado en reconocer que la fuente del conflicto ya detonó con la sentencia del Juez Primero de Distrito que declaró como inconstitucional la Ley de Educación Superior de Sinaloa. Hizo añicos esas letras que violaban la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Pero la necesidad es tanta que se dicta una nueva sentencia y el Juez Tercero de Distrito le dice a la Auditoría Superior del Estado que carece de facultades para auditar los recursos propios de la UAS, y no obstante ello, persiste la perversidad en esa actitud abusiva de pretender revisar medidas cautelares para separar al Dr. Robespierre Lizárraga Otero como Encargado de la Rectoría uaseña.
Cuanta maldad se estila en el gobierno de Sinaloa. En estos momentos en que la UAS se encuentra inmersa esforzándose por resolver la principal mortificación de los Padres de Familia, que sus hijos ingresen a la Universidad Autónoma de Sinaloa en su legítima aspiración de formarse como personas de bien y llegar a ser un profesional de calidad. Pero al Gobierno del Estado, esa prioridad, le importa un soberano cacahuate.
Pagan páginas enteras para difundir que algunas universidades son auditadas sin ningún problema y señalan como ejemplo a la Universidad de Sonora. Solo que esas notas periodísticas encierran un propósito mezquino en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El Congreso de Sonora reformó la Ley Orgánica de esa Universidad y se le concedieron facultades al órgano fiscalizador estatal para que auditara a esa Universidad, tal y como lo hicieron en Sinaloa con la dizque Universidad Autónoma de Occidente.
Miente quien afirme que la Universidad Autónoma de Sinaloa se niega a ser auditada. La UAS es auditada cada año en los diversos rubros que conforman su presupuesto. Pero lo hace la autoridad que tiene competencia para hacerlo, como lo es la Auditoría Superior de la Federación y el Despacho Contable propuesto por la Contraloría Social Universitaria y aprobado por el H. Consejo Universitario de la UAS.
La ASE, ese instrumento político de represión del Estado contra la UAS no revisará un número del presupuesto uaseño que no sea la Auditoría Superior de la Federación. Solo el recurso que sea propio de los impuestos generados por el Estado y entregados a la UAS serán auditados por la ASE.
La denuncia por el delito de abuso de autoridad contra la Auditora Superior del Estado y quien resulte responsable será una realidad. El Acuerdo del Consejo Universitario será cumplido.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
