Es una canallada del poder político de Sinaloa atropellar con toda la fuerza represiva de que dispone para lanzarla en contra de la UAS y a sus autoridades. La rapacidad gubernamental será vencida.
Jueves 30 de marzo de 2023.
Cuando se pierde el sano juicio se recurre a los instrumentos de represión oficiales como es el caso de la Fiscalía General de Sinaloa y de la Auditoría Superior del Estado. Sus titulares se prestan al juego sucio, pierden credibilidad, se apartan de cumplir con sus atribuciones esenciales y creen que por aparecer en tierras universitarias inspirarán temor.
La Fiscalía General de Justicia abre carpetas de investigación contra trabajadores por el solo hecho de llevar el apellido Cuén. Una infamia que cometerían para aquellos que sin tener parentesco con Héctor Melesio Cuén deban responder a las pesquisas del Ministerio Público. pero aun teniendo el parentesco que quieren encontrar, a la Fiscal le sugiero que se remita a la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Federal para que conozca el régimen laboral de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El artículo 70 de la Constitución Política Local no aplica Mtra. Sara Bruna, tampoco la Ley de Responsabilidades Administrativas o la de Servidores Públicos.
Preocúpese por dar los mejores resultados en las investigaciones de homicidios y desaparecidos que son muchos para darse a la tarea de perseguir a trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La impunidad ha sido y es la vergüenza de un Estado que ahora con un Gobernador que dice combatir la corrupción no ha podido resolver la inseguridad que ha cobrado carta de naturalización en Sinaloa.
Otra punta de lanza contra la UAS. La Auditoría Superior del Estado aparece en la escena actoral. Es el nuevo instrumento de represión que es utilizado contra la Universidad de los sinaloenses. Dicen los señores del gobierno del Estado, que la UAS se niega a la revisión y a la rendición de cuentas, echando al cesto de los desperdicios la información que han dado a conocer púbicamente los altos funcionarios de la Secretaría de la Función Pública que la UAS es una Institución que continuamente es auditada y que sus finanzas se encuentran en orden. El gobierno del Estado se empeña en su absurdo plan de afirmar lo contrario para confundir la opinión social.
Los atropellos o actos de molestia como se le quieran llamar, serán combatidos por los medios legales como se ha venido luchando contra la ilegalidad legislativa pretendiendo violentar la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La defensa será intensa y feroz.
El circulo proteccionista de la comunidad universitaria se cierra alrededor del Rector. El autoritarismo gubernamental es sordo e irracional. Provocan con descaro y tratan de arraigar en el concepto social que la UAS se niega a ser auditada. Cuando no se tiene argumento que convenza se recurre a la diatriba y a la falsedad, es lo que ocurre con las autoridades estatales.
Pero el problema no es ese, el asunto es político y es la ambición caprichosa de querer el control político de la UAS. Son ambiciones irracionales porque le quieren quitar la autonomía a la UAS, esa es la reforma que pretenden, convertirla en una dependencia estatal, poniendo en riesgo real a los más de ciento sesenta mil estudiantes, los casi trece mil trabajadores activos de la Universidad y a los poco más de cinco mil jubilados.
Los recursos del subsidio son todos federales y no estatales por ese motivo la ASE no tiene competencia para auditar a la UAS porque es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación. Consulten los artículos 79, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 82 y 83 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con excepción de lo dispuesto en el artículo 30, fracciones VII y IX de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa que señala que los recursos propios solo pueden ser revisados por el H. Consejo Universitario de la misma. Lo dice la Constitución y las leyes mencionadas pero el gobierno del Estado se empecina en privilegiar la ilegalidad ordenando los atropellos que ya están siendo combatidos por los medios legales ante la arbitrariedad gubernamental ¿El gobierno del Estado se desmorona? ¿Quién irá en su auxilio? La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
