La investigación de los delitos ha sido el talón de Aquiles de la fiscalía estatal. Quienes han llegado a esa Institución han sido incondicionales del Ejecutivo.
Noviembre 7 de 2024.
Para qué recurrir al oráculo de Delfos si será bueno o malo en su desempeño si es más que suficiente el agua bendita del gobernante amigo. Basta que sea Licenciado en Derecho. ¿Para qué tener experiencia si el manto protector del gobernante lo cobija?
Los Gobernadores han pecado de no observar cuando menos el perfil que demanda la función. La investigación criminal no puede ni debe quedar en manos de cualquiera por más abogado que sea.
Quien llega a la titularidad de la fiscalía, procura apartarse de los delitos que lo pueden comprometer. La seguridad personal es lo primero, esclarecer los delitos se verá después. Quien llega con esos cuidados limita su actuación y se promueve la impunidad.
¿Pero qué ocurre con el órgano estatal que fiscaliza la eficacia de la investigación del delito? El Consejo Estatal de Seguridad Pública, a través de la Coordinación General, es el componente ciudadano que funge como vigilante o fiscalizador de la labor del ministerio público, pero ¿por qué no lo hace?
Gran parte de la ineficacia de la institución del ministerio público ha sido la falta de determinación para meterse de lleno a esclarecer los delitos y atrapar a los delincuentes. Una misión que se ha cumplido, ya que la mayor parte de los delitos quedan impunes sin que los que lo cometen vayan al estrado de los juzgadores.
Ha quedado más que claro, porque es el comentario general, que el nombramiento de Fiscal General es un requisito burocrático cuando se realiza la muy trillada pasarela de aspirantes. La mano santa del gobernante para ese momento ya lo bautizó.
La independencia de la fiscalía fue solo una reforma simulada. La autonomía constitucional de sus funciones ha sido una falacia. Quien sigue teniendo el control de lo que hace o deja de hacer, es el titular del Ejecutivo en turno.
Parece ocioso opinar lo anterior, pero si la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se interesara en meter mano a la estadística de rezago de delitos sin investigar y sin resolver, causaría de inmediato una reacción de sorpresa y de rabia, porque ha sido un motivo vergonzoso de prescripción de delitos y causa grave de impunidad.
Difícilmente veremos que el Consejo Estatal de Seguridad Pública otorgue plazo al titular de la fiscalía estatal para que descargue el rezago de delitos en reserva o archivo temporal, o sea sin investigar, porque sería muy saludable para restituirle la confianza y credibilidad al ministerio público. Sería saludable también que la sociedad conociera cual es ese rezago histórico de delitos sin resolver y ordenes de aprehensión sin ejecutar.
Quien acepte el cargo y se instale en sus cómodas oficinas sin el interés de investigar, que se vaya. Ese ha sido el daño histórico para que la impunidad cabalgue sin temores y los delincuentes sigan riéndose de una autoridad sumisa y temerosa.
En este escenario de inseguridad y violencia extrema que vive Sinaloa, las instancias de seguridad estatal no han sabido que hacer o como responder ante una criminalidad que los reta y que les impone condiciones. Han sido incapaces de evitar la altísima taza de homicidios y personas desaparecidas. Hasta la información que difunden está muy lejos de la realidad.
Sería conveniente que la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública exigiera a la titular de la fiscalía estatal que rinda un informe a la sociedad de Sinaloa en qué condiciones recibió la institución a su cargo y que estrategias ha instrumentado para abatir la impunidad.
Seguro que esa información sofocaría el estómago social porque desnudaría la gran simulación de los Gobernadores en el nombramiento de sus fiscales generales, cuyos nombramientos solo sirven para que se conviertan en estadígrafos de los delitos que se cometen en el estado.
Los colegios de abogados han sido coparticipes de esa gran simulación, ya que en mucho han contribuido en recomendar a los incondicionales del Gobernador para que ocupen esa posición, aunque no reúnan el perfil.
¿Se resolverá el homicidio del Mtro. Héctor Melesio Cuén Ojeda? ¿Quedará como parte de esa misión estadígrafa de la fiscalía estatal? ¿Caerán los responsables de las omisiones cometidas en las investigaciones del homicidio? ¿el o los autores intelectuales del homicidio tienen conexión con el gobierno? La sociedad sinaloense está interesada en conocer las respuestas a esas interrogantes.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
