El juez señaló que Robles es atendida por personal médico de la red penitenciaria y que puede solicitar que sea revisada por cualquier especialista
DICIEMBRE 30, 2021.
El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos negó la medida de prisión domiciliaria a Rosario Robles por considerar que la salud de la exfuncionaria no es un argumento válido para que deje la cárcel.
El juzgador determinó que la prisión domiciliaria no resulta procedente en atención a la edad y mucho menos a sus padecimientos y estado de salud.
En audiencia realizada este jueves, el juez señaló que Robles es atendida por personal médico de la red penitenciaria y que en caso de que no sea así, ella puede solicitar que sea revisada por cualquier especialista.
Robles Berlanga se encuentra actualmente en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla desde hace más de dos años por el caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra.
Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, convocó a la exfuncionaria federal junto con su abogado Epigmenio Mendieta a la audiencia presencial en la que se analizaría el cambio de la medida cautelar en su contra.
Una investigación periodística publicada en 2017 reveló que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018), habría permitido el desvío de fondos públicos por más de 5 mil millones de pesos (247 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la Estafa Maestra.
En agosto de 2019, la FGR logró que un juez impusiera prisión preventiva a Robles en el penal femenino de Santa Martha, en el oriente de Ciudad de México, alegando riesgo de fuga de la acusada, quien habría intentado ocultar un domicilio que figuraba en su licencia de conducir.
Sin embargo, la defensa de Robles sostiene que el documento utilizado por el Ministerio Público era falso.
Incluso, Rosario Robles se planteó en marzo pasado declararse culpable a cambio de reducir la pena de 21 años que exige la Fiscalía, pero no logró cerrar un acuerdo al respecto.
