Jesús Murillo Karam obtuvo suspensión provisional en el juicio de amparo que interpuso contra la vinculación a proceso que enfrenta
SEPTIEMBRE 22, 2022
Quien fuera titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, preso en el Reclusorio Norte, obtuvo una suspensión provisional en el juicio de amparo que interpuso contra la vinculación a proceso que enfrenta por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia de los que se le acusa en el Caso Ayotzinapa.
De acuerdo con los informes, la suspensión provisional es para efectos de que Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control de dicho reclusorio, suspenda el procedimiento en lo que corresponde al extitular de la PGR, una vez cerrada la etapa intermedia y hasta que sea notificado de la resolución del juicio de amparo.
“Se admite la demanda de amparo. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, para cuya celebración se fijan las 11.00 horas del 11 de octubre”, establece la resolución del expediente 771/2022 del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
De concederse el amparo definitivo, Murillo Karam podría suspender su procesamiento judicial por el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero.
El juez reconoció además “la existencia de diversos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso”.
Cabe señalar que la juez que le otorgó la medida cautelar, dio un plazo de 48 horas para que las autoridades responsables rindan su informe y programó la audiencia incidental para el 28 de septiembre, fecha en la que resolverá si le otorga al también exgobernador de Hidalgo la suspensión definitiva.
La juzgadora admitió a trámite el juicio de amparo que interpuso el extitular de la PGR contra la resolución del 20 de agosto con la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
El informe y la detención del exfuncionario han reavivado la polémica sobre el crimen de Ayotzinapa a días del octavo aniversario de la desaparición masiva.
El exprocurador está acusado de ser uno de los fabricantes de la “verdad histórica”, una versión del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
La Comisión de la Verdad y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han rechazado esa “verdad histórica” al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.
