Las condiciones de seguridad en el personal del ministerio público y policía investigadora son muy precarias y los riesgos de atentados a su integridad personal es una realidad.
Miércoles 15 de febrero de 2023.
La delincuencia organizada invade esferas de cualquier nivel, ya sea corrompiendo a funcionarios y policías para que las denuncias u ordenes de aprehensión en contra de cualquiera de sus miembros no represente riesgos de perder la libertad.
Los delitos graves como el homicidio, la privación ilegal de la libertad, la desaparición forzada de personas entre otras agresiones, tienen hilos comunicantes con redes criminales de alta peligrosidad.
El poder del Estado debe imponerse, no es con abrazos y no balazos como se combate la criminalidad en busca de la paz y el orden, por el contrario, es alentar a los delincuentes que recurren a la intimidación y la amenaza para que las denuncias se reciban y se guarden en los escritorios ministeriales.
Se han cometido hechos en los que han levantado a agentes del ministerio público de la federación que participan en las investigaciones del robo de hidrocarburos, amenazados de atentar contra su seguridad personal y la de sus familias.
La inseguridad crece, por un lado, porque las políticas gubernamentales han propiciado que los delincuentes amplíen sus espacios de control, porque no son atacados en sus redes financieras y en su poder bélico, tampoco hay acciones dirigidas a la detención no solo de sus cabecillas sino de todos los miembros organizados en esas redes criminales.
Por otro, es urgente recluir a las fuerzas armadas a sus cuarteles y organizar una policía civil federal y en los estados y municipios para que la cobertura de una autoridad fuerte y coordinada actúe profesionalmente en el combate a la inseguridad.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública no será el organismo que resuelva la urgencia de restituir la cobertura policial en los estados y municipios, regiones que son las que sufren el embate criminal de una delincuencia organizada que ha sido consentida y no atacada.
Los mandos militares en las instituciones policiales en los estados y municipios han sido y seguirán siendo un total fracaso.
La incapacidad para evitar el delito y detener al culpable, es evadida con la justificación de que los sistemas de videovigilancia son atacados por la delincuencia organizada.
Los daños que sufren esos equipos destinados a la vigilancia urbana y semiurbana son un fracaso, por un lado, porque no sirven, y por otro, los soldados que manejan el centro de emergencias 911, no están capacitados para su operación y manejo.
La reacción policial se ha perdido, no solo por la ineficiencia de quien debe dirigirla, sino por la escasez de policía. Le apostaron a la Guardia Nacional, que desde su creación, no ha sabido cumplir con la misión encomendada.
La dejaron sola porque apostaron que por el solo hecho de ponerle el uniforme militar y no el civil de policía, el delincuente se asustaría.
Tienen que proponerse otros sistemas que den certeza al saneamiento policial, fortalecer la investigación del ministerio público y capturar al delincuente, como la de reformar las atribuciones de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Púbica, para que esté la de proponer a los titulares de las instituciones de seguridad pública estatal y municipales, restituirles su naturaleza civil, privilegiar la seguridad ciudadana y cuidar que los mandos policiales serán probos y capaces de enfrentar con determinación cualquier tipo de manifestación antisocial como causa de la inseguridad que padecemos.
Basta de corrupción e impunidad; repudiemos toda manifestación política de complicidades. Como ciudadanos, demandemos un gobierno comprometido con la profesionalización y la dignificación policial.
Que los privilegios que le dan al soldado, los reciba también el policía civil como garantía de pertenencia a su corporación y al deber de protección social como misión esencial de su función. Por una investigación criminal segura y castigo a cualquier amenaza que la desvirtúe.
¿Usted qué opina?
