El informe de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública ante el Gobernador electo, en materia de seguridad y combate al delito, debió ser claro, confiable y objetivo.

Es necesario que la sociedad sinaloense conozca en cifras reales y no maquilladas, comoestá la investigación criminal en Sinaloa. El Fiscal General debió, al asumir el cargo, informar, no lo hizo, las cifras que encontró en averiguaciones previas sin resolver y las ordenes de aprehensión que no fueron cumplimentadas.

También, habría que sumar, los delitos que se han cometido en el Estado durante la presente administración y cuantas carpetas de investigación se han integrado, las sentencias condenatorias que se han dictado y las impuestas con motivo de procedimientos abreviados.

Esa responsabilidad de la Fiscalía estatal queda todavía sin aclararse. La impunidad que sentimos los sinaloenses es real y peligrosa. Por tal motivo, la Coordinación General, debió informarle esos hechos al Gobernador electo. No creo que esa información se le haya proporcionado al Mtro. Rocha. Sería conveniente que la conozca.

La cifra que deberá proporcionarse es muy simple. Delitos cometidos y no resueltos durante los veinte años anteriores a la fecha, o lo que es lo mismo, averiguaciones previas sin resolver. Asimismo, que se conozca el número de delitos cometidos durante la administración que está por concluir, carpetas de investigación iniciadas y cuantas están sin resolver.

El asunto parece simple pero no lo es, la sociedad también desconoce el número de ordenes de aprehensión que se han dictado durante el periodo mencionado y cuantas no se han cumplido. Decir lo que se ha resuelto es una información engañosa y perversa, porque el grueso de asuntos sin resolver es lo que pondría los pelos de punta a una
sociedad desinformada. ¿La prescripción de los delitos es el mejor sistema para combatir impunidad? No se le olvide Fiscal. Delito que no se castiga, es justicia denegada.

Si del número de delitos que se cometen en el Estado solo se resuelve el uno por ciento, quiere decir que la Institución del Ministerio Público está echada y envuelta en telarañas.

El Titular de la Fiscalía no es el único responsable de lo que ocurre. El Gobernador del Estado fue quien le prometió a su amigo que lo nombraría Fiscal con la complicidad de los miembros de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entregados al Gobernador. El Congreso del Estado, prianista en su momento, también se condujo en una clara complicidad al hacer suya la recomendación del mismo Ejecutivo.

El arribo a las áreas de seguridad pública y procuración de justicia de personas que no cuentan con el perfil profesional para el puesto ha sido causa determinante de que los niveles de impunidad y de inseguridad que campean en el Estado, nos tenga situados en una posición de vergüenza exhibiéndonos como si se tratara de un pasquín de identidad nacional e internacional.

Por ello, la recomendación. Que se revise la conveniencia de continuar con el modelo de integración del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que regresen los mandos civiles a las instituciones de policía y que el Fiscal General del Estado sea nombrado libremente por el Congreso del Estado a través del procedimiento que se instrumente para tales fines y que el propio Congreso lo pueda destituir.

Voluntad política del Gobernador electo la hay, disposición para realizar los cambios necesarios que se requieren en el Estado también lo hay, orientación jurídica de calidad también la tendrá arribando a la Secretaría General de Gobierno un jurista reconocido como Enrique Cázares Inzunza.

¿Usted qué opina?