El estado de derecho se encuentra en riesgo, el País se tambalea en su condición democrática y federalista, el autoritarismo crece y se va imponiendo, el temor de las masas ciudadanas organizadas se acrecienta más, y los políticos antagonistas se rezagan en momentos de tensión.
Que difícil resulta admitir que un gobierno constituido conforme al mandato constitucional, al asumir el poder, se transforme y realice actos que a todas luces son contrarios a la propia constitución federal que protestó cumplir.
Hemos reiterado que la naturaleza jurídica de las instituciones policiales debe ser de carácter civil y no de corte militar, porque así lo señala la Constitución Federal, sin que sea válido darle otra calidad atendiendo los caprichos del Presidente, como ha sucedido y sucede actualmente.
Mucho poder a la milicia, ahora más porque el financiamiento que recibirá además de lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se abultará mucho más porque si Tren Maya resulta ser altamente rentable se convertirá en la caja chica del gobierno federal.
Que estará detrás de ese trato privilegiado a las fuerzas armadas por parte del Presidente?
No puede ser una concesión a título gratuito, es incrementar significativamente el poder de acción de la fuerza armada permanente, es una manera de cooptarla para obedecer las ambiciones dictatoriales y autoritarias de un gobernante que poco a poco avanza en la consecución de sus fines de apropiarse de las esferas del poder político y público.
Ya ha hecho suyo el Congreso Federal, dominado por Morena, ya calló a la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y así no habrá autoridad que reproche las arbitrariedades y violaciones a la legalidad y a derechos humanos fundamentales por parte del Presidente y demás incondicionales en el poder, como serían en este caso, los militares.
Ya inició la embestida contra el Poder Judicial de la Federación, con la delirante intimidación contra los Jueces, Magistrados y Ministros, arrojándoles a la Unidad de Inteligencia Financiera, órgano de represión institucionalizada para silenciar las inconformidades de sus opositores.
El estado de derecho se encuentra en riesgo, el País se tambalea en su condición democrática y federalista, el autoritarismo crece y se va imponiendo, el temor de las masas ciudadanas organizadas se acrecienta más, y los políticos antagonistas se rezagan en momentos de tensión.
Quien esto escribe no cree en las casualidades, porque por un lado se inició el escándalo mediático con la detención y repatriación de un fugitivo de la justicia, Emilio Lozoya.
Aprovechó para aventar lodo por todos lados en contra de sus opositores políticos y de algunos empresarios.
Para eludir las graves repercusiones en el criminal manejo de la pandemia que ha enlutado a numerosas familias mexicanas, llevó al Congreso en Juicio Político al Gobernador de Tamaulipas, férreo oponente a su fines imperialistas. Tema que, quiérase o no, distrae la atención de problemas que en verdad afectan seriamente la economía del País.
No conforme, saca de sus archivos, un asunto viejo y lo hace renacer, se trata de supuestas inversiones millonarias que se investigan en el Principado de Andorra, en Europa, de cuyas indagaciones aparecen políticos y empresarios mexicanos muy conocidos, y que a su juicio constituyen vías de lavado de dinero y fuente de corrupción en el pasado, canalizándolo a la tribuna mediática con la consecuente distracción social.
También tiene ocupadas a las fuerzas políticas contrarias a su forma de gobernar, con el asunto del Poder Judicial, y por lo que podemos deducir, no descansa en su afán de tejer hilos de confrontación social y política, para mantener una estrategia mediatizadora como cuerdas de distracción a los graves problemas nacionales.
Concluyo diciendo, que la disminución de los estados de fuerza policiales, desincentivar los salarios y prestaciones a la policía, ignorar su adecuada capacitación y equipamiento, utilizar en su contra las evaluaciones de control y confianza para despedir injustamente y propiciar la corrupción al interior de las policías civiles, ha sido y es un objetivo perverso debidamente planeado para entregar el control de las instituciones policiales civiles a las
fuerzas armadas. Privilegios que hacen la diferencia en el camino a la militarización y al autoritarismo.
2021, por la reivindicación de las policías civiles y a las misiones castrenses a las fuerzas armadas.
