El soldado está preparado para la guerra, se le adiestra en la defensa y en el ataque en conflictos bélicos, su protocolo de disciplina lo obliga a obedecer.
Muchos han sido los comentarios que me ha tocado formular en esta y otras opiniones, así como en diversos encuentros con profesionistas en diferentes colegios y asociaciones, en los que el tema en discusión ha sido la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública.
No es una postura radical e intransigente la mía, es una manera de manifestar el respeto y reconocimiento a la naturaleza civil de la seguridad pública y no habilitando militares uniformándolos de policías. Dos formaciones diametralmente opuestas, porque están obligados a conocer y aplicar normatividad totalmente distinta.
El soldado está preparado para la guerra, se le adiestra en la defensa y en el ataque en conflictos bélicos, su protocolo de disciplina lo obliga a obedecer. No se le autoriza opinar y exponer su criterio respecto de determinada circunstancia a menos que solicite permiso y este le sea concedido. El comportamiento militar es rudo por lo que es impropio para el trato ciudadano. Quiere ver en cada persona un potencial delincuente.
La necedad presidencial de sacar a la calle al soldado a combatir el crimen y la inseguridad ha tenido su costo social y político que en mucho a repercutido en perjuicio de la imagen y honorabilidad de nuestras fuerzas armadas. Los señalamientos por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos del grave error de las
autoridades mexicanas de militarizar la seguridad pública ponen en riesgo derechos fundamentales del ciudadano.
El comentario obedece, por la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre detención de alrededor de treinta elementos de la Secretaría de Marina del Gobierno mexicano, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, por haber cometido el delito de desaparición forzada de personas, hechos
ocurridos el mes de febrero y junio del 2018.
No fue la Secretaría de Marina la que hizo del conocimiento a la sociedad mexicana sobre esa detención. Una vez más, tuvo que ser una instancia internacional la que nos hace del conocimiento de hechos que impactan gravemente en la seguridad ciudadana. El silencio de la autoridad militar testimonia la razón por la que no deben estar ejerciendo funciones de seguridad pública. Exterminar el crimen y la delincuencia, se logra con educación y cultura. Con orientación que ayude a corregir conductas para que no pongan en riesgo la tranquilidad social, pero nunca recurriendo a la desaparición de personas para combatirlo.
No basta ninguna justificación por parte de la Secretaría de Marina, de si la detención de los efectivos de su fuerza armada, fueron por hechos ocurridos el 2015 como lo manifiesta en su boletín informativo, lo cierto es que esos hechos no debieron haber ocurrido nunca.
Un llamado de atención para los actores políticos que aprueban iniciativas sin considerar de fondo los inconvenientes que representan. Militarizar la seguridad pública no es ni será la solución al problema de la inseguridad. Se ha recurrido a lo fácil, olvidando la formación del policía de hoy.
No sigamos sumando quejas ante los organismos de derechos humanos, por la constante violación a derechos fundamentales por las fuerzas armadas, recuperemos los espacios jurisdiccionales que le son propios a la policía civil.
Estos hechos los quieren distraer de la atención ciudadana con el escándalo presidencial contra el Instituto Nacional Electoral. Sus consentidos presidente, le están fallando. El delito y la inseguridad no se combate con más delitos.
2021, votemos por una policía civil eficiente y profesional.
