Iniciamos una semana de comentarios, relacionados con el probable procedimiento para decidir quién ejercerá la titularidad el ministerio público en Sinaloa después de la segunda quincena de noviembre próximo.
Ante la anunciada renuncia del Fiscal General de Justicia del Estado, seguro que el Conejo Estatal de Seguridad Pública a través de la Coordinación General, prepara la convocatoria para que los que se consideren con interés en participar se inscriban y entren al juego de las decisiones políticas.
En teoría, corresponde a un ente distinto del Gobernador proponer una quinteta para que de entre los cinco aspirantes se elija la terna que llegará al Congreso del Estado para que esa representación popular designe al titular del ministerio público de Sinaloa.
Sin objeción alguna, es facultad del Congreso elegir o en su caso remover al Fiscal General del Estado como lo previene el artículo 43, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; sin embargo, esa facultad no es exclusiva de dicha representación popular, ya que la propia Constitución concede al Titular del Poder Ejecutivo participar en el proceso de elección y remoción del citado funcionario como lo previene el artículo 65, fracción XXII.
En efecto, el artículo 76, fracción I de la propia carta política estatal, señala lo siguiente: “La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, previa Convocatoria Pública seleccionará cinco personas para ser propuestas al Titular del Ejecutivo Estatal, a fin de que por su conducto se proponga al Congreso del Estado a tres personas que considere idóneas para ocupar el cargo de Fiscal General, quienes deberán cumplir con los requisitos previstos en esta Constitución. En lo correspondiente a este proceso, se deberá observar el principio de paridad de género.” Dicha disposición constitucional se recoge en el texto de los artículos 57, fracción XII y 67, fracción V de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sinaloa.
La transparencia en el proceso debe estar garantizado por quienes tendrán la importante responsabilidad de recibir las solicitudes, admitirlas y seleccionar a los que consideren aptos para participar. Los miembros de la Coordinación Ciudadana son personas probas, de reconocido prestigio social y sus determinaciones contarán con la aprobación o repudio del veredicto en la selección de la quinteta que presenten al Ejecutivo Estatal.
Debe evitarse lo sucedido en la última selección de aspirantes. La inconformidad llegó a la promoción de juicios de amparo cuestionando el procedimiento por la supuesta violación a principios elementales en la elegibilidad de la quinteta. El participante, debe ser maduro y con la más elevada disposición de aceptar la calificación que realice el órgano facultado para ello. el inconveniente surge cuando el Gobernador no cuida las formas e influye para que se decida incluir en la quinteta al candidato de sus preferencias, como ocurrió en la última elección.
Se alistan los Abogados, ya se manifestaron algunos. Que bien que surjan aspirantes, hombres y mujeres, pero también recomendamos que prevalezca el profesionalismo en ese interés natural de participar. Que se exponga de manera clara, sencilla y propositiva de cómo debe conducirse la función del ministerio público para profesionalizar la investigación criminal, abatir la ineficiencia y desterrar la impunidad. No basta tener normas jurídicas claras de lo que se tiene que hacer. Quien arribe a esa posición, tendrá que establecer sistemas de funcionalidad que respondan de manera efectiva para enfrentar al delincuente y llevarlo a la tribuna judicial para la imposición de sus penas. Hablamos del nuevo sistema de justicia penal, pero en el tradicional hay un número cuantioso de delitos sin resolver que corren el riesgo de prescribir sin que nadie atienda esa terrible realidad.
¿Usted qué opina?
