El avance de la tecnología es impresionante por la diversidad de instrumentos de alta calidad que produce y que son muy útiles en la investigación de los delitos, así como rastrear e interceptar equipos celulares y enterarse en tiempo real de llamadas y mensajes enviados por esos instrumentos de comunicación.
La Fiscalía General de la República, nos hemos enterado en notas publicadas en los diferentes medios de comunicación, ha comprado sofisticado equipo para apoyarse en las investigaciones contra la delincuencia organizada. Sinaloa no se queda atrás, porque la Fiscalía estatal ha hecho lo mismo, seguro también, para eficientar el abatimiento del rezago en el esclarecimiento de los delitos que mucho padece la sociedad sinaloense.
Hay antecedentes de escándalo, en el que el gobierno federal utilizó un equipo destinado a la intercepción telefónica que fue utilizado para violar conversaciones privadas de periodistas, empresarios, políticos, entre otros. ¿Se repetirá el mismo hecho? Estamos en una fase inicial de un estado absolutista en el que los derechos fundamentales se ponen
en riesgo. ¿Se privilegiará la intercepción telefónica fuera de todo procedimiento legal?
¿La privacidad personal será invadida por actos arbitrarios de la autoridad, o cual será la finalidad en ese tipo de adquisiciones?
Habrá que reconocer que la investigación criminal debe ser apoyada con fundamento en el conocimiento científico y en los instrumentos que aporta la tecnología. No obstante ello, ¿Tendremos un estado proclive al espionaje? ¿Cualquier ciudadano podrá ser invadido en su privacidad mediante el uso de instrumentos que serán utilizados o se utilizan en violación a sus derechos?
¿Podemos afirmar que la autoridad como garante de la seguridad de nuestros derechos, se convertirá en autora de violaciones a derechos humanos constitucionalmente protegidos?
La información relativa a la vida privada y los datos personales están reservados y protegidos por la ley. ¿Habrá confianza social en una autoridad que, sin haber probado su eficiencia en la investigación criminal a su cargo, adquiera ese tipo de material destinado al espionaje telefónico para vigilar nuestras conversaciones privadas? o habrá confianza ciudadana de que ese equipo se destinará para coadyuvar en la investigación relacionada
con la delincuencia organizada?
Si es así, nuestro reconocimiento, porque se darían pasos decisivos para combatir una de las causas de la inseguridad pública en Sinaloa. ¿pero debemos preguntarnos también, se atreverá el Fiscal a investigar a los grandes capos de la droga? No hace mucho celebró un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) que dependerá de la Fiscalía estatal, misma que ya debió quedar integrada a la ley orgánica de la Institución del Ministerio Público y en su reglamento orgánico.
También habría que cuestionarnos, ¿Habrá competencia estatal para acceder a información que es propia de las entidades financieras y que solo responden a la Secretaría de Hacienda Federal y a la Unidad de Inteligencia Financiera?
Todo lo relativo a instituciones de banca y crédito es competencia de la Secretaría de Hacienda Federal; de igual forma, es competencia federal los delitos que resulten por violación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, entre otras.
No hay disposición que norme la competencia concurrente en esas materias, por lo que un convenio como el celebrado, no tiene la fuerza vinculatoria que de legalidad a las investigaciones de la Fiscalía Estatal por lo que sería conveniente analizar adecuadamente la probable responsabilidad administrativa o en su caso penal en contra del titular de la Fiscalía Estatal. Por lo pronto, sugiero tener cuidado, porque pudiéramos estar sujetos a fiscalización telefónica fuera de todo procedimiento judicial.
2021, por desterrar la ineficiencia en la investigación criminal.
