Causa vergüenza que el régimen de legalidad en los tribunales de justicia se preste al juego político del Ejecutivo.
JULIO 3 DE 2024
Un estado de derecho igualdad para todos ante la ley, la autoridad tiene límites que regulan su actuación. Caso contrario, en un gobierno autoritario las reglas se hacen añicos y les importa un soberano cacahuate la legalidad.
Como Abogado me da nauseas que los jueces penales hayan caído en lo más vil en su función impartidora de justicia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
En el conflicto que el gobierno del estado ha mantenido por más de dieciséis meses en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa se han cometido los más graves atropellos en perjuicio de derechos humanos de varios universitarios, entre ellos, los del Rector Titular el Dr. Jesús Madueña Molina.
Como ciudadano y jefe de familia a veces pienso diferente a lo que dicta dicho dispositivo constitucional en su primer párrafo que prohíbe que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. La actitud de los jueces arraiga pensamientos contrarios.
Ayer se vivió otro episodio dantesco en este conflicto perverso y demoniaco. El poder político del gobierno del estado azota con todas las fuerzas coléricas para imponer decisiones fuera de toda racionalidad como ilegales.
Vinculan a proceso al Rector Madueña Molina y a otros trabajadores universitarios sin que se les haya configurado algún hecho que haya sido constitutivo de delito. Forzaron con argumentos insostenibles que la Universidad Autónoma de Sinaloa sea parte de la Administración Pública Paraestatal cuando la propia ley de entidades paraestatales de Sinaloa la excluye expresamente.
Todos los hechos que formaron parte de la carpeta de investigación, fueron materia de imputación y después de vinculación a proceso sin que haya quedado demostrado el carácter de servidores públicos de los trabajadores universitarios, los recursos públicos utilizados en las labores de mantenimiento realizados por la Universidad Autónoma de Sinaloa fue con recursos provenientes de la federación y aun así fue bastante para vincular y remover temporalmente del cargo a Jesús Madueña Molina como Rector Titular de la Casa Rosalina. La tercera ocasión que ocurre.
Se ha dicho en este espacio de opinión que el conflicto ocasionado por el revanchismo político del gobierno del estado en contra de los mandos directivos de la UAS es una necedad que rebasa los límites de toda legalidad. La ley en manos de un gobierno autoritario y faccioso. Las instituciones que deben ser garantes de la legalidad y cuidar que prevalezca el estado de derecho, se han convertido en un instrumento de represión política.
Lo cierto también, es que las organizaciones colegiadas de Abogados no han manifestado ningún interés en informarse de la situación del conflicto y proponer alguna formula de solución.
La UAS es la Universidad más importante del Estado y del noroeste del País y ni aun así han volteado para preguntar en que se puede colaborar. Se entiende, muchos Abogados tienen compromisos familiares, de compadrazgo y de amistad con los mandos del gobierno y en el poder judicial, eso puede ser un motivo para fijar su raya y mantenerse distantes.
Ingrese en 1986 como socio del Colegio de Abogados “Eustaquio Buelna” curiosamente el fundador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero en situaciones como la que ahora vive Sinaloa y la falta de interés en coadyuvar en soluciones en un conflicto que quien lo ha vivido en tribunales, es indigno y vergonzoso. Prefiero separarme del Colegio.
Ayer en una audiencia inicial en uno de tantos procesos penales que viven el Rector Jesús Madueña Molina y otros trabajadores universitarios, el Juez lee la síntesis de la imputación del fiscal y desestima perversamente todo argumento y datos de prueba de la defensa, ni siquiera lo mencionó. Si, hay defensa, pero ante los tribunales de amparo. Nos veremos las caras en esa otra cancha.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
