La epidemia de salud por el covid-19, ha evidenciado a un gobierno incapaz de instrumentar políticas públicas de calidad y con oportunidad que México padece más de 300 mil muertes por esta pandemia criminal.
Si la acción gubernamental ha sido pecaminosa por ineficiente en perjuicio de numerosas familias mexicanas, el combate a la corrupción es todavía peor, porque solo ha sido parte de un discurso político que no ha visualizado la pista para aterrizar.
La corrupción es un síndrome heredado por administraciones gubernamentales que en el pasado saqueaban las arcas públicas con el mayor de los descaros y no había penalización alguna. Casos de excepción por razones políticas se castigaron y así quedó en el concepto del ciudadano.
Graves antecedentes de corrupción registra la historia sin denuncias para castigar. Gran parte de los funcionarios, diputados y senadores eran cómplices del saqueo porque ellos mismos participaban en el reparto del botín.
La percepción ciudadana siempre ha tenido en todo momento la sospecha que el dinero público ha sido el amparo de economías en bancarrota y resarcido la solvencia a gobernantes y políticos quebrados. Quien revisa la cuenta pública sospechosamente no encuentra irregularidades que deban ser materia del Ministerio Público o denunciar hechos para la instauración de algún juicio político.
La política instrumentada en los últimos años de crear organismos anticorrupción con la participación ciudadana es producto de una imaginación gubernamental transformadora que parecieran decididos en combatir las pillerías en perjuicio del presupuesto público.
Discurso político vacío y perverso porque desde el gobierno se ha promovido el dispendio y la corrupción.
Los ciudadanos nos hemos pronunciado para que la corrupción se combata con energía y ejemplaridad; sin embargo, los reclamos, al parecer, no han sido lo suficientemente fuertes para que los oídos del fiscalizador gubernamental los escuche y proceda a su castigo. Los medios de comunicación se han encargado se exhibir hechos y nombres de probables corruptos y siguen apareciendo en los escenarios públicos de manera cínica y sin castigo. Los menos han sido objeto de persecución y extrañamente la justicia ha sido tan benevolente que los acuerdos reparatorios los han favorecido causando nauseas en el estómago ciudadano.
Mi comentario obedece, por un caso de probable corrupción monumental. La Unidad de Servicios Estatales, mejor conocida como la USE. Una infraestructura inmobiliaria, que no ha sido identificado su propietario. Hemos comentado en ocasiones anteriores, que como propietario sin definir aparecen algunos: El Desarrollo Urbano Tres Ríos, un Fideicomiso en la Institución Bancaria Santander, Sección 53 del SNTE y en particular de su exdirigente el Profr. Daniel Amador, un exgobernador del Estado, el Gobierno del Estado, pero no se define.
¿La Dirección General de Catastro y el Registro Público de la Propiedad de Culiacán, tendrán alguna información que pudieran hacerla pública y que los ciudadanos podamos enterarnos quien es el propietario de dicho inmueble? ¿La Comisión de Acceso a la Información Pública, podría ser la instancia de gobierno que indagara y diera a conocer
tan importante información?
La renta que se paga debe ser cuantiosa. Sería importante que se diga cuanto se paga mensualmente por la ocupación de dicho inmueble, si se tiene celebrado algún contrato de comodato o de arrendamiento y con quien, como se paga y quien recibe el pago. En caso de que se diga que el propietario es desconocido como se instaló la Unidad en ese edificio.
Un asunto interesante que sería conveniente su solución.
¿Usted qué opina?
