Amnistía Internacional halló tres problemáticas en el sistema de Justicia del Edomex por COVID-19 que dificultan las denuncias por feminicidio
La pandemia de COVID-19 ha evidenciado problemas estructurales en la Justicia mexicana, especialmente en casos de desapariciones y feminicidios, reveló un informe de Amnistía Internacional (AI) presentado este jueves.
El informe “Como anillo al dedo, el impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios de procuración de justicia del Estado de México“, relata los problemas y consecuencias que la cuarentena ha intensificado en esta región del país – la más poblada de México- pero que ya existían tanto para las víctimas como para los servidores públicos.
“Este informe representa una herramienta no solo de análisis, sino una guía para los Gobiernos -no solo del Estado de México- de cómo atender el acceso a la Justicia de mujeres y niñas en el contexto de COVID-19”, expuso en conferencia Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, indicó que AI decidió hacer el reporte focalizado en el Estado de México porque los feminicidios en esta zona “tienen formas muy concretas” y porque ha sido una entidad atendida por organismos internacionales y que puede representar la situación de otros estados.
No obstante, se está trabajando en un informe más amplio para 2021.
La investigadora principal, Marta Martí, expuso cuál fue la metodología empleada y también qué problemáticas y consecuencias derivan de la investigación, realizada entre marzo y junio de 2020.
¿Qué obstáculos enfrentan las madres de víctimas de feminicidio en el #EdoMex en el contexto de la #Covid19? ?⚖️
Visita nuestro micrositio y conoce el informe #ComoAnilloAlDedo: https://t.co/w1cxVYT5Gx pic.twitter.com/qlRdVcYGuV
— Amnistía Int. México (@AIMexico) December 3, 2020
La primera problemática es la relativa al aumento de la sobrecarga de trabajo debido a que aumentaron las denuncias pero también disminuyó la cantidad de trabajadores (por las medidas de la cuarentena y por contagios) y también hubo un aumento en la violencia familiar.
El segundo problema detectado es la “insuficiente digitalización y el acceso desigual a la tecnología”, lo que causó que algunas mujeres no recibieran su cita presencial, que no pudiesen ser atendidas por la saturación o directamente las oficinas no tuvieran acceso a internet.
La “descoordinación entre instituciones” es la tercera problemática y se refiere a que algunos servicios no informaron de sus horarios por las medidas de cuarentena o por contagios.
De estos problemas, AI pudo ver tres consecuencias importantes que se intensificaron durante la cuarentena.
Una de ellas fue la imposibilidad para algunas mujeres de interponer denuncias por no poder desplazarse, por sobrecarga de trabajo en algunas agencias o por la negativa de aceptar denuncias sin lesiones físicas para hacer una priorización.
En estos meses también se paralizaron las investigaciones existentes ante la priorización de denuncias nuevas.
En este sentido, los investigadores explicaron que familiares de víctimas les indicaron que no hubo ningún tipo de avance en los primeros meses de contingencia.
“La llegada de la pandemia ha evidenciado problemáticas y consecuencias en la procuración de justicia. Esto perjudica a víctimas y también a servidores por sus condiciones de riesgo, la sobrecarga de trabajo y las dificultades emocionales”, concluyó Martí.
De acuerdo a los datos recogidos por organizaciones internacionales y de la sociedad civil, en México son asesinadas más de diez mujeres al día.
De acuerdo a los datos oficiales más recientes, de enero a septiembre se registraron 704 feminicidios y la tasa de este tipo de crímenes es de 1.08 por cada 100 mil mujeres.
