La seguridad personal es un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado.
Miércoles 3 de agosto de 2022.
El artículo 1 de la constitución política de los estados unidos mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Garantizar la libertad personal es la esencia de los derechos humanos, toda vez que es ahí donde reside la confianza y la credibilidad en el gobierno. La profesionalización de la policía es un imperativo insoslayable que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá exigir al gobierno de la república.
Prevenir la desaparición forzada de personas debe empezar por sacar a las fuerzas armadas en las funciones de seguridad pública y regresarlas a los cuarteles donde deben permanecer. La formación militar no admite respeto de los derechos de nadie en las funciones que realicen.
Las reglas de actuación del soldado es obedecer, pero no al mando civil sino al militar que es al que se debe. La obediencia al poder civil es por disciplina, no por lealtad a la función policial encomendada.
Para la defensa de los derechos de las personas frente a los abusos de la autoridad, se creó precisamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus similares estatales, como organismos autónomos constitucionales que dan vida y luz propia a sus intervenciones.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es para promocionarse en los medios masivos de comunicación, como si se tratara de un producto comercial, es la defensora de los derechos de todos, pero no para decirlo en sus promocionales sino para que los haga realidad en los hechos. La seguridad y las libertades son valores superiores que deben resguardarse.
Sería bueno conocer las recomendaciones dictadas en contra del gobierno federal y al de las entidades federativas y municipios, para que la milicia regrese a los cuarteles, en las que se diga que las tropas militares representan un riesgo para los derechos y libertades de las personas y que su formación no admite respeto a esos derechos fundamentales.
Tampoco se conocen recomendaciones en contra de los gobiernos en sus distintos órdenes para que las instituciones policiales realmente sean civiles y no disfrazadas de civiles con mandos y grupos militares. Es aberrante que la mencionada Comisión no se haya pronunciado en contra de la creación militarizada de la Guardia Nacional, no obstante que atropella el artículo 21 constitucional.
La sociedad no conoce de recomendaciones que se hayan girado por las distintas comisiones de derechos humanos, para exigir que las estrategias que se instrumenten para combatir la inseguridad pública sean producto de las instituciones policiales civiles y no por la imposición de las autoridades militares.
Si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quiere ser efectiva en el cumplimiento de su misión, deberá emitir recomendaciones que fijen plazos para que los diversos órdenes de gobierno se constriñan a cumplir con la constitución federal para darse como País una policía profesional y socialmente aceptada por sus estándares de calidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como defensor del pueblo, se ha entregado vergonzosamente al poder político gubernamental apartándose de los fines de su creación, para convirtiéndose en un instrumento sumiso del gobierno y permitir el avasallamiento de los derechos ciudadanos.
La desaparición de personas es un delito que mucho tiene que ver el gobierno a través de las policías. La militarización de las policías permite que los activos policiales que patrullan las ciudades intervengan en levantones y desaparezcan personas, porque no siempre es por rencillas entre pandillas para que tenga vigencia ese delito. La desconfianza ciudadana en las autoridades tiene justificación porque dentro de las esferas del gobierno puede estar la solución del delito.
¿Usted qué opina?
