Terreno y construcción donde funciona la Unidad de Servicios Estatales del Gobierno del Estado (USE), su situación legal sigue siendo un misterioso silencio.
Martes, 4 de enero de 2022.
El pasado 20 y 21 de diciembre quien esto escribe opinó en este mismo espacio de difusión, sobre la situación jurídica que guarda el edificio que por muchos años el Gobierno del Estado ha pagado por el uso de dicho inmueble sin conocer con claridad si es por contrato de arrendamiento, de comodato o si se tiene constituido un fideicomiso y por quien.
Lo cierto es que, si se pide información al registro público de la propiedad, se recibe como respuesta una negación total. Lo primero que te preguntan es, cual es la finalidad de solicitar dicha información y si recurres a otros empleados es igual porque te responden que hay instrucciones de no dar información sobre ese inmueble. Se entiende que si es registro público cualquier ciudadano puede tener acceso a esa información sin mayores dificultades. El caso de la USE es diferente.
En esos comentarios pasados, dije que el Profesor Daniel Amador en una reunión con operativos del sindicato que dirige en el auditorio de la mencionada sección 53, afirmó ante ellos que el edificio donde funciona la Unidad de Servicios Estatales es de dicha sección.
Gobernadores desde Junan S. Millán hasta Quirino Ordaz, negaron que el edificio fuera propiedad del Gobierno del Estado, tampoco dijeron de quien era. Sin embargo, por el uso del inmueble se han paga millonarias cantidades sin que se sepa quien ha recibido esos pagos.
Si como dijo Daniel Amador, que el edifico es propiedad de la sección 53, ¿que se ha hecho con esas importantes sumas de dinero? ¿En qué se han gastado? Porque seguro que los maestros no han recibido el pago de ninguna utilidad por esos ingresos.
Quizá la gravedad del problema no está dentro de la óptica en que lo vemos. No solo es asunto sindical. El negocio ha sido muy bien llevado. Las complicidades se observan desde la silla gubernamental hasta los ocupantes por todo este periodo de la sección sindical.
La Auditoría Superior del Estado no ha dicho nada respecto de alguna auditoría realizada con motivo de los costos que representan por el uso de la USE con cargo a dineros públicos. No hace mucho, se realizó una importante inversión para remodelar dicho edificio no obstante que el Gobierno del Estado compró el edificio de la antigua Homex. Compra que también tiene arenas negras por los costos y las condiciones en que fue adquirido dicho edificio del que hasta ahora tampoco se haya informado nada.
Estos comentarios seguro que son conocidos por funcionarios que tienen la obligación de registrarlos y abrir de oficio investigaciones a través del sistema estatal anticorrupción y de oficio también por la Fiscalía General de Estado por los mismos hechos, ya que pueden ser considerados como delito en términos de la ley penal.
El Gobernador Rocha Moya, deberá interesarse en saber la situación que guarda el edificio donde operan oficinas propiedad del Gobierno del Estado. Debería ordenar una investigación para conocer quien se ha beneficiado con la suma de pagos que se han realizado a través de los años y que la sociedad también conozca el importe de lo pagado.
La Unidad de Servicios Estatales, ha sido una fuente de corrupción que ha derramado millones de pesos y centavos sin pasar por los libros y registros oficiales y sin que tampoco las áreas de transparencia gubernamentales lo hayan observado.
Asuntos importantes que investigar los hay, no solo es el tema de la inseguridad y la corrupción policial. Las aristas del prisma se oscurecen y el temor y la desconfianza social crece. Seis años que pueden ser de luz. Ya no queremos sombras.
¿Usted qué opina.
