El acceso a la justicia es un derecho humano esencial en un estado democrático. Lo regula el artículo 17 de nuestra Constitución Federal ¿se garantiza ese derecho a los mexicanos? El comentario de hoy es una invitación a la reflexión.
Lunes 19 de diciembre de 2022.
El catálogo de derechos es muy amplio en nuestro sistema jurídico. En materia penal y la penitenciaria, por sus finalidades, impone instrumentar grandes estrategias para conocer si realmente las cárceles están destinadas para recibir y reinsertar a los sentenciados, por la comisión de los crímenes por los que se les acusa.
El sistema de justicia mexicano ha sido motivo de investigaciones y llevado algunos hechos para ser materia en la filmación de películas, como esa que nos dejó estupefactos identificada como “Duda Razonable”. Un asunto que desnuda las graves deficiencias de las autoridades mexicanas en la investigación de los delitos. Por ese caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente sentenció la liberación de las tres personas acusadas por un delito que no fue cometido por los acusados y sentenciados de manera abusiva e inexcusable.
Ese hecho, como muchos otros que han sido expuestos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupa y exige una explicación. Una investigación criminal en la que prevaleció la ineficiencia, pero también la falsedad y la tortura no puede quedar en silencio y sin que los responsables reciban la sanción que merecen.
¿Las cárceles mexicanas solo recluyen a los responsables de la comisión de un delito o en ellas también están recluidas personas inocentes? La sociedad no está informada de lo ocurre en el escenario penitenciario, pero tampoco está informada si las investigaciones con motivo de la comisión de delitos llevan a los tribunales a los causantes del hecho ¿El derecho a la justicia de todos está garantizado por la autoridad garante de hacerlo efectivo? Todavía hay muchas dudas.
No se conoce si en los hechos alguna autoridad ha realizado o realiza alguna investigación para conocer la realidad que impera en el sistema penitenciario mexicano o sea si en las cárceles hay personas sujetas a proceso o sentenciadas a purgar condenas sin que sean realmente las que cometieron el delito por el que se les persigue. Debería existir una comisión de la verdad para ese tipo de situaciones que ponen en duda la confianza de la justicia mexicana.
Que grave que alguien sea detenido y acusado de haber cometido un delito y que resulte no ser el culpable, después de haber sido exhibido como criminal y sentenciado por un hecho que no cometió. Las fiscalías son las que deben tener los argumentos que den certeza que quien cometió el delito es quien debe ser juzgado por ellos ¿pero quien responde por los inocentes juzgados?
Esa película denominada “Duda Razonable” impone reflexionar de manera seria y profunda de la situación que prevalece en nuestro sistema penal ¿La calidad de nuestros investigadores y la credibilidad de las actuaciones que se judicializan por el Ministerio Público serán garantía de que los imputados realmente cometieron el delito por el que se les acusa?
La defensa deberá ser especializada y experta en el tema, evidenciar que el derecho a la justicia es una realidad y que el Ministerio Público deberá obligarse a realizar investigaciones mucho más profesionales y que todos los actos de investigación se apeguen al imperio de la legalidad, en ese campo de la actividad gubernamental.
¿Quién puede decirnos si en las cárceles de Sinaloa, se encuentran los responsables de un crimen o si dentro de la familia penitenciaria hay reclusos que no han cometido el delito por el que se les procesa o se les ha sentenciado a purgar una pena? Sería interesante que se hiciera ese estudio por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
¿Usted qué opina?
