Equilibrios necesarios, la seguridad pública es un compromiso gubernamental. El respeto a la naturaleza civil de las instituciones policiales es un deber social.
Lunes 13 de febrero de 2023.
Las funciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública obedecen a principios, políticas e instituciones que garanticen paz y bienestar social a las familias sinaloenses. La Coordinación General como organismo ciudadano ante el mencionado Consejo, es la instancia que debe tener el poder para proponer a los titulares de las instituciones policiales en el Estado.
Ya tiene entre sus atribuciones, llevar a cabo el procedimiento para la presentación de la quinteta al Ejecutivo Estatal para que libremente elija a la terna que le toca enviar al Congreso del Estado para que los Diputados nombren al Fiscal General.
Tiene también, la soberanía de proponer al Gobernador del Estado, la terna de ciudadanos de la que deberá nombrar al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad pública.
Los titulares de las instituciones de seguridad pública, es una posición que históricamente ha sido del dominio del Gobernador del Estado, nombrando a los titulares o en algunos casos, dependiendo del poder político que tengan, lo llevan a cabo los Presidentes Municipales.
La corrupción en las instituciones policiales ha sido responsabilidad de los titulares políticos mencionados, porque generalmente, no han tenido el cuidado de llevar a los mandos policiales a civiles con capacidad de mando y autoridad social probada, para conducir la seguridad pública estatal o municipal.
Los intereses políticos y complicidades personales ha sido la causa de que la inseguridad y la impunidad se mantenga en condiciones inaceptables y de hartazgo social.
La gente calla por temor o cuando se atreve a hablar, la voz le tiembla, por la inseguridad que siente.
La inconformidad social se vuelve más obstinada cada día, la milicia no ha traído soluciones en el combate a la inseguridad, por el contrario, sus golpes esporádicos contra cabezas visibles de organizaciones criminales han sido más espectaculares y peliculescas que soluciones a la tranquilidad social.
El Estado y los municipios, no pueden seguir dependiendo de la militarización de la seguridad pública, es un imperativo el respeto al mandato constitucional de que las corporaciones de policía deben ser civiles.
El error legislativo de nuestros diputados y senadores, de habilitar al soldado como policía, es una vergüenza que no se quitarán mientras lleven puesta esa casaca electoral.
Los miembros de la Coordinación General, tienen muy buen motivo, para que en representación de la voz ciudadana ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública, pugnen para que dentro de sus atribuciones se les incluya la facultad de propuesta para que los titulares de seguridad pública estatal y de los municipios sean civiles capaces y con aprobación social, para dirigir ese tipo de instituciones y agradecer al soldado los apoyos que realiza.
Quizá sea un sueño utópico, pero también un desafío posible.
¿Usted qué opina?
