La iniciativa presidencial de someter a consulta popular para juzgar a los expresidentes de México, Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, es una ofensa a nuestro sistema jurídico y al derecho a la salud de los mexicanos.
Es una aberración del gobierno federal destinar del presupuesto de la Nación recursos para financiar una consulta a todas luces inconstitucional. No ha sido censurada por las organizaciones colegiadas de profesionistas y tampoco por las empresariales de México.
¿El Congreso Federal solapará una canallada impía sacrificando la salud de muchos mexicanos que no han tenido la oportunidad de vacunarse contra el virus que a enlutado a numerosas familias mexicanas? Una ofensa cruel en un momento de duelo nacional por la pandemia que no han podido detener.
¿Será moralmente sano o políticamente válido, llevar a cabo un proceso de consulta nacional para juzgar a los que deben ser juzgados por las instituciones competentes creadas por el sistema jurídico mexicano? ¿Cuándo muchas familias mexicanas requieren de la atención urgente de su salud?
Todos los actos del poder público deben constreñirse al ordenamiento jurídico vigente. El cumplimiento de la ley no está subordinado a la voluntad de los gobernados. La ley deberá prevalecer sobre todo interés individual.
La consulta convocada es un acto arbitrario del gobierno mexicano. Usa a las instituciones usurpando atribuciones que no le han sido concedidas. Los ciudadanos sujetos a los resultados de la consulta les serían conculcados los derechos concedidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El
artículo 35, fracción VIII, punto 3° de la misma, señala expresamente que no serán objeto de consulta popular las restricciones de los derechos humanos reconocidos por la Constitución como derecho de todo ciudadano.
Si hay faltas que deban ser sancionadas en contra de los expresidentes mencionados, deberá procederse en los términos que señala la Constitución Federal y la ley. Nuestro sistema es democrático y de seguridad jurídica, por lo que los servidores públicos, dentro de los que se encuentra el Presidente de la Republica, deberán constreñirse a las
facultades que les otorga nuestro sistema jurídico vigente, porque de lo contrario incurrirán en actos arbitrarios que deberán ser sancionado por la ley.
El Presidente no es inmune a las sanciones previstas en la Constitución Federal. Deberán aplicarse porque de lo contrario, estaríamos permitiendo la existencia de un estado arbitrario y dictatorial. La voluntad del Titular del Ejecutivo Federal tiene límites, se lo impone el artículo 89 de la Carta Fundamental del País.
Consulta popular, que contribuye a poner en riesgo la salud de los mexicanos, porque ante la escasez de recursos retardaría la oportunidad de recibir las dosis de vacuna que prevengan los riesgos de contagio ante una pandemia que se ha salido de control del gobierno y en general de las autoridades de salud.
¿Prevalecerá el interés político al derecho a la salud de los mexicanos? ¿Esa porción del presupuesto federal, porque no se destina a la compra de medicamentos para los niños con cáncer? O la dosis económica que reciben los adultos mayores y otros mexicanos, ¿es la causa para permanecer callados ante las arbitrariedades legales del gobierno?
No nos oponemos a las consultas ciudadanas, pero realícense respetando el mandato de la ley.
¿Usted qué opina?
