La de por si maltrecha salud de los mexicanos se pondrá aún más en riesgo, sino se toman las decisiones más adecuadas para el regreso a clases el próximo mes de agosto.

Miércoles 21 de julio de 2021.

La pandemia ha demostrado que el gobierno federal y el de los estados no han sabido como desarrollar una estrategia que evitara el considerable número de mexicanos fallecidos y la insuficiencia de infraestructura para dar atención de calidad a los enfermos por este virus mortal.

Ha sido fatal la forma en que se han conducido las autoridades de salud para tranquilizar al pueblo de que los efectos de la pandemia no producirán más estragos de los que ya ha ocasionado, con el regreso a clases.

No solo son los alumnos los que se expondrían al contagio, son los maestros que, aunque ya están vacunados, el virus tampoco ha respetado esa condición. Los niños y jóvenes no han sido la excepción en el contagio y esta tercera ola los está llevando a los hospitales y también al panteón.

El contagio no se queda en las escuelas, lo transportan a sus casas, y el peligro de contaminación podría salirse de control. Como si no lo estuviera. Los sindicatos de maestros y otras organizaciones afines tienen un compromiso con su gremio, son muchas familias las que se pondrían en riesgo.

El Consejo de Salubridad General que tutela el Presidente, acordará lo que le ordene. Será una determinación política y no racionalmente consensada con los sectores de la población. En este caso, la consulta nacional deberá ser obligatoria para que la sociedad organizada participe y manifieste su conformidad o no, con el regreso a clases anunciado.

Una consulta ciudadana para determinar el regreso a clases es un hecho relevante para los mexicanos para actuar como lo indica el artículo 35, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La sociedad organizada y el Instituto Nacional Electoral participarían de manera conjunta, responsable y segura, elegir lo procedente en la protección de la salud de todos los mexicanos.

Menciono lo anterior, porque absurdamente, se ha anunciado la realización de una consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes, solicitado al Instituto Nacional Electoral que prepare su estructura para realizarla este mes de agosto próximo, ¿cómo es posible que se invierta para ese fin grotesco y de risa, millones de pesos, en lugar de
destinarlos a la compra de medicamentos para niños con cáncer u otras necesidades sociales?

Usted sabe Presidente, que la consulta ciudadana a la que convocó y con un costo muy elevado para el presupuesto federal, no tiene la fuerza para desvirtuar o dejar sin efectos los derechos que a toda persona le concede la Constitución y los tratados internacionales celebrados por México. Que se presente la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y se resuelva lo que legalmente proceda, y no con
esa ridícula consulta.

Gastar de manera irresponsable los recursos de la Nación y utilizar los órganos del estado para satisfacer voluntades políticas, es materia de intervención del Congreso Federal para iniciar el juicio político respectivo. ¿Se animará?

¿Usted qué opina?