La consulta nacional de revocación de mandato del Presiente de la República, viola todas las reglas de legalidad para su realización.
Viernes 8 de abril de 2022.
La consulta debió ser convocada por el Instituto Nacional Electoral de manera libre siguiendo el mandato de la Ley. El Presidente de la República y su partido político Morena, fueron desde sus inicios los promotores y no los ciudadanos de cuando menos diecisiete entidades federativas que representaran el tres por ciento de la lista de electores de cada una de ellas, debieron ser los autorizados para solicitar la consulta nacional.
Se publica la ley de revocación de mandato, en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre del 2021, era un requisito obligado para cumplir con el punto ocho de la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El plan estaba debidamente planeado para realizar toda esta estrategia publicitaria, de movilización de ciudadanos y el derroche de recursos públicos de manera abusiva e ilegal. Se hostigó públicamente al INE de manera arbitraria y sistemática, cuando se atrevió a denunciar que no se le había autorizado el suficiente presupuesto para esa consulta nacional.
Ante esa osadía del INE, el Presidente y su instrumento de lucha política, Morena, se le fueron a la yugular. Le exigieron que sacara presupuesto de sus ahorros y que no había razón para exigir y que eran ´pretextos para entorpecer la consulta tan ansiada.
Se desató una lucha mediática entre los acores políticos que gobiernan contra el INE, que hasta una iniciativa de reforma fue presentada para convertirlo en un subordinado del Ejecutivo. Hubo valor y argumento jurídico constitucional por quien dirige esa Institución y detuvo los cañonazos morenistas.
Los instrumentos de lucha del estado fueron utilizados contra el INE. El Presidente de la República en sus mañaneras arengó la determinación del Congreso de no darle más dinero. Surge de su ronco pecho la propuesta de modificar la pregunta que obra inserta en el artículo 19 de la Ley para la revocación de mandato, pero el tiro se le ceba al ser impugnada por un grupo de opositores desde el Congreso y la Corte determina que se formule la que obra en dicha ley.
Una jornada de preparación de la revocación de mandato muy descompuesta. Gasto y uso excesivo de recursos públicos que fueron utilizados desde la recolección de firmas y durante todo el proceso previo a la elección. Desfachatez e inmoralidad en el comportamiento de funcionarios de todos los niveles que por sus actos deberían ser sancionados y otros al juicio político para su destitución. ¿Veremos esos hechos?
Después de la jornada el Instituto Nacional Electoral, debería declarar la nulidad de esta consulta nacional por ilegal e improcedente. Pruebas para resolverla hay de sobra. La intervención del Estado en el desarrollo de la consulta nacional fue determinante al desplazar de esa función esencial y exclusiva del Instituto Nacional Electoral.
La incesante promoción del Presidente, de los partidos políticos satélites de Morena, de los Gobernadores morenistas de los Estados, de los presidentes Municipales del mismo partido político, así como los diputados y senadores del congreso federal y los estatales, han sido la vergüenza nacional en este proceso nacional.
Deberá aplicarse con rigor la ley de revocación de mandato y la propia constitución federal, para que se inicien los procesos de juicios políticos contra todos los servidores públicos que les resulte aplicable, sin importar su nivel, aunque el País sufra una parálisis constitucional ante lo mugroso y desaseado proceso de revocación de mandato.
El temor del Presidente y de su partido Morena, es muy obvio, su forma de gobernar ha causado total decepción en los muchos que una vez le dieron el voto, el País está dividido y prácticamente colapsado. La experiencia del cambio ha sido amarga. Ser sedicioso no es lo mismo que gobernar.
¿Usted qué opina?
