El Congreso del Estado de Tamaulipas informó que aportó en tiempo y forma la documentación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó para acreditar la representación legal del Presidente de la Mesa Directiva de ese poder legislativo en la controversia constitucional promovida ante el desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
El pasado 30 de abril el Poder Legislativo de Tamaulipas promovió una controversia constitucional al considerar que existen actos que “violentan la soberanía” de la entidad.
Por lo tanto, al haber cumplido el Congreso del Estado con la documentación requerida, la controversia contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sigue su curso normal en lo que a derecho proceda”, concluyó.
El desafuero del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por corrupción, aprobado por la Cámara de Diputados de México ha sido un golpe que ha desestabilizado a la oposición mexicana, a poco más un mes de las elecciones del 6 de junio.
Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la FGR investigaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
El proceso iniciado por la FGR parte de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende del Gobierno federal, presidido por Andrés Manuel López Obrador.
La UIF acusó al gobernador de Tamaulipas de haber simulado la compraventa de un lujoso departamento en Santa Fe, en Ciudad de México, por 42 millones de pesos como parte de un entramado de lavado de dinero.
Para comprar el inmueble y luego venderlo, García Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma que sirvieron al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.
Además, la UIF halló más de 20 propiedades en Tamaulipas y en Texas, Estados Unidos, vinculadas a García Cabeza de Vaca a través de empresas familiares y socios.
El gobernador ha negado las acusaciones y ha denunciado una “persecución política” de López Obrador y Morena, aunque la semana pasada se reveló que pagó 100 mil dólares a la firma de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, de Estados Unidos.
García Cabeza de Vaca, gobernador desde 2016, también figura en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya contra legisladores del PAN que en 2013 habrían recibido sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
